Los camioneros amenazan al Gobierno con un nuevo paro en julio

La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de mercancías por Carretera Nacional e Internacional amenaza con volver a convocar un nuevo paro de su actividad en el mes julio para protestar por las condiciones laborales de los camiones y retomar así las protestas iniciadas en el mes de marzo que provocaron la parálisis logística en España.

En concreto, el presidente de la plataforma,  Manuel Hernández, ha solicitado al Ministerio de Transportes, en un escrito al que ha tenido acceso este diario, que salga adelante la ley que impide trabajar por debajo de sus costes, que el Gobierno prometió para el 30 de junio -fecha para la que queda algo menos de mes y medio-. De no cumplir la fecha, los transportistas pararán sus camiones.

«Ustedes asumieron el compromiso de que el 30 de junio de 2022 estaría preparada la Ley de Prohibición de la contratación a pérdidas en el Sector del Transporte de Mercancías por Carretera y que es la necesidad número uno para nosotros. Nos dijo la Sra. Ministra que se nos iría informando sobre su avance y redacción, y se nos insistió encarecidamente en que se confiara en su palabra», dice Hernández.

El presidente de la plataforma critica que «a tan sólo mes y medio de la fecha prometida y no tenemos ninguna noticia oficial ni directa, los costes principalmente, el combustible, han subido un 10% desde el paro hasta hoy, los costes de explotación de nuestros camiones están cerca del 1,50 euros y la media de precios que recibimos está entre 0.85 y 0.95 euros, los operadores de transportes les han subido a las fábricas aprovechando la coyuntura, entre un 40 y 60% los servicios de transporte y no lo están trasladando a los Transportistas, y toda la precariedad y abusos que denunciábamos se siguen produciendo sin que la Inspección de Transporte evite ni intervenga en nada».

Ante esta situación, la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de mercancías por Carretera Nacional e Internacional ha solicitado una reunión con el Ministerio de Transportes para conocer de primera mano el estado actual sobre el desarrollo de la Ley que prohíba la contratación a pérdidas y su régimen sancionador y medios de aplicación efectiva. Así como, denunciar y detallar con pruebas evidentes que las medidas puestas en marcha desde el Gobierno no se están cumpliendo.