Cambios en subsidio por desempleo: esto es lo que vas a cobrar en junio

España ha vivido en los últimos meses una serie de cambios en el subsidio por desempleo que todos los beneficiarios deberían de conocer para salir ganando. En concreto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, extendió la prestación contributiva de paro tras la contratación del beneficiario, algo que quedó reflejado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a través de un Real Decreto-ley. Esta normativa tiene como objeto adoptar «medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo».

El subsidio de desempleo es una ayuda económica temporal destinada a personas que han agotado la prestación contributiva por desempleo y no disponen de ingresos suficientes.

Este subsidio tiene requisitos específicos, como haber trabajado al menos un tiempo y cumplir con ciertos umbrales de renta. Su objetivo es proporcionar un apoyo económico mientras los beneficiarios buscan un nuevo empleo

Así, la reforma del el subsidio por desempleo, respaldada por los sindicatos y sin la aceptación de la patronal, implica cambios significativos para más de medio millón de beneficiarios a partir de este mes de junio. Entre las novedades, se incluyen aquellas personas que reciben el subsidio de desempleo para mayores de 52 años.

Cambios en el subsidio por desempleo

Otro de los principales cambios es el aumento en la cuantía mensual, que se elevará al 95% del IPREM durante los primeros seis meses, pasando de los 480 euros actuales a 570 euros al mes.

Posteriormente, durante los siguientes seis meses, se situará en el 90%, es decir, 540 euros mensuales, y se mantendrá en el 80% durante el resto del período de la prestación.

El IPREM, o Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, es un indicador utilizado en España como referencia para determinar la cuantía de ciertas ayudas, subvenciones, becas y prestaciones sociales, así como para establecer límites de renta en diversos ámbitos.

El indicador se calcula anualmente por el Gobierno español y se basa en el salario mínimo interprofesional (SMI) y otros factores económicos y sociales. Su objetivo es servir como una herramienta para medir la capacidad económica de las personas y familias, así como para garantizar una distribución más equitativa de recursos.

Así, esta medida también beneficia a otros grupos como las personas víctimas de violencia de género o sexual, además de a los emigrantes retornados.

Sin embargo, los beneficiarios deben de tener en cuenta algunos matices. La ayuda para mayores de 52 años permanecerá en el 80% del IPREM, por lo que seguirán recibiendo los 480 euros mensuales. El gobierno justifica esta decisión argumentando que este grupo tiene una cotización más alta y una mayor duración en el tiempo.

A partir del 1 de junio, el subsidio por desempleo aumenta en 90 euros, excepto para los mayores de 52 años, que se mantiene en 480 euros. Este aumento lleva la cuantía mensual a 570 euros durante los primeros seis meses de percepción.

Además, los que reciban el subsidio deben tener en cuenta que el SEPE realiza el pago el día 10 de cada mes, o el siguiente día hábil si es festivo. Entidades financieras como CaixaBank, Banco Santander o BBVA gestionan estas transferencias de dinero desde la cuenta centralizada de la Tesorería General de la Seguridad Social a las cuentas individuales de los beneficiarios.

La reforma también elimina los subsidios parciales para aquellos que trabajaron a tiempo parcial, permitiendo que cobren el monto completo, y facilita el acceso al subsidio para personas con menos de 12 meses cotizados, especialmente jóvenes.

Por otro lado, la normativa amplía la cobertura al permitir que las parejas de hecho accedan al subsidio como unidad familiar. También se establece un régimen de compatibilidad entre los subsidios agrarios de Extremadura y Andalucía con los del Régimen General, y se reduce el número de jornadas requeridas para tener acceso a los primeros debido a la sequía.

La reforma del subsidio

Yolanda Díaz ha llevado a cabo estas reformas sin contar con el apoyo de los empresarios. Tanto CEOE como Cepyme ya habían manifestado su desacuerdo ante el vacío que la ministra de Trabajo les ha hecho tanto con esta reforma como con otras como la del SMI.

En concreto, los empresarios han mostrado su contrariedad ante la incapacidad de Díaz de alcanzar un diálogo: «Nuestra postura viene dada porque no se ha producido una verdadera negociación en el marco del diálogo social, sino simplemente un proceso de consulta».

«Esta propuesta carece de memoria económica, algo de especial gravedad en un momento en que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se encuentran prorrogados y dado el impacto económico de las medidas recogidas en el documento», destacaron desde Cepyme y CEOE.

Sin embargo, esta puede ser la última política de Díaz que se realice sin escuchar al empresariado. La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó el pasado abril una proposición no de ley del Partido Popular que prohíbe a la ministra de Trabajo volver a realizar cambios en las leyes laborales sin contar con el acuerdo previo de los sindicatos y la patronal.