Bruselas sanciona a Starbucks y Fiat por sus privilegios fiscales en Holanda y Luxemburgo

Bruselas ha reclamado este miércoles a Fiat y Starbucks la «devolución» de las «ayudas públicas» que Luxemburgo y Holanda, respectivamente, concedieron a través de acuerdos fiscales ventajosos. Esto permitió a las citadas compañías pagar entre 20 y 30 millones de euros menos.

La Comisión Europea no entra a valorar los regímenes fiscales de los Estados miembros, pues eso es competencia de cada uno. Lo que en Bruselas dice es que «las ayudas estatales que afecten a los intercambios entre Estados miembros y distorsionen la competencia, favoreciendo a determinadas empresas son, en principio, incompatibles con el mercado único de la Unión Europea».

En junio del año pasado, la Comisión Europea abrió tres investigaciones contra Irlanda, Holanda y Luxemburgo ante las sospechas de que estos países conceden ventajas fiscales indebidas a Apple, Starbucks y Fiat Finance and Trade. El conflicto surge a raíz de los impuestos a la carta que algunos países conceden a ciertas empresas, otorgándoles una ventaja respecto al resto y distorsionando así el libre mercado. El asunto no se queda ahí, y es que Bruselas maneja en torno a «65 casos, que afectan a 15 países», por lo que la cifra podría aumentar.

Ventajas selectivas a empresas

La investigación comenzó después de la publicación de una serie de artículos de prensa que sostenían que determinadas empresas se habían beneficiado de importantes reducciones de impuestos gracias a decisiones anticipadas en materia impositiva (tax rulings) adoptadas por las autoridades fiscales nacionales.

Estas prácticas pueden incluir ayudas públicas ilegales si se confieren ventajas selectivas a una empresa o grupo de empresas determinado; es decir, si el Estado concede privilegios a una empresa o grupo en concreto en detrimento del resto del mismo sector.

Tras la decisión de este miércoles, Margrethe Vestager, comisaria de Competencia, declaró que «los tax rulings (decisiones tributarias anticipadas) que reducen artificialmente la carga fiscal a las compañías no están en línea con las normas en materia de ayudas de Estado de la UE. Es ilegal».

Además de reclamar a estos dos países que «recuperen» entre 20 y 30 millones de euros por subsidios ilegales a las dos empresas, Bruselas avisa de que «este mensaje lo van a escuchar los gobiernos de los Estados miembros y las empresas. Todas las compañías, grandes o pequeñas, multinacionales o no, deben pagar su justa parte de impuestos».