Bruselas expedienta a España por una ley que dificulta las indemnizaciones por infracciones del derecho europeo

La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por la legislación que dificulta la reclamación de indemnizaciones al Estado por infracciones del derecho de la Unión Europea, según han informado fuentes comunitarias.

El Ejecutivo comunitario anunció el pasado jueves la apertura del expediente pero no detalló la normativa nacional concreta que vulnera la legislación europea. Fuentes europeas han confirmado a Europa Press que el procedimiento de infracción está relacionado con ley de Régimen Jurídico del Sector Público, aprobada en 2015 y en vigor desde octubre de 2016.

Según han explicado las mismas fuentes, esta legislación dificulta la reclamación de compensaciones en casos de infracción del derecho de la Unión Europea frente a las que se aplican cuando la violación afecta a la legislación española, lo que hace que las reclamaciones en estos casos sean «menos atractivas» y «más complicadas».

La ley de Régimen del Sector Público fue aprobada después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) dictaminara en febrero de 2014 que el impuesto sobre los carburantes que aplicaban algunas comunidades autónomas y cuyos ingresos se destinaban a financiar la sanidad (el llamado ‘céntimo sanitario’) vulneraba la legislación comunitaria.

Bruselas explicó el pasado jueves que las disposiciones nacionales hacen que sea «excesivamente difícil» comprometer la responsabilidad del Estado por una infracción de la legislación comunitario, lo que en la práctica tiene una «repercusión negativa en la efectividad» de las normas de la UE.

La Comisión Europea cree que las disposiciones establecidas por el legislador español son «contrarias a los principios de equivalencia y/o efectividad», y apunta que contienen condiciones de procedimiento que no son acordes con la jurisprudencia consolidada del TUE.

El aviso de Bruselas al Gobierno de Mariano Rajoy tiene la forma de un a carta de emplazamiento, primer paso de un procedimiento de infracción que, en última instancia, y si no se solucionan las diferencias podría llevar el caso ante el TUE. España tiene ahora dos meses para remitir una respuesta detallada a la institución comunitaria.