Bruselas amenaza a España con una sanción por el retraso en publicar una estadística del INE

Además de afrontar grandes multas por retrasos normativos conocidos como el de la Ley hipotecaria o el de la depuración de aguas, España ha recibido un tirón de orejas reciente desde Bruselas por su retraso en adaptarse al reglamento SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas).

La Comisión Europea, a través de Eurostat, ha mandado un requerimiento interno a Madrid para exigir la publicación de una nueva estadística conforme a lo establecido en dicho reglamento. De no hacerlo a tiempo, España tendrá que afrontar otra sanción comunitaria, según confirman a este periódico fuentes conocedoras del requerimiento.

En concreto, Eurostat reclama que el Instituto Nacional de Estadística (INE) haga públicos los balances de activos no financieros. Esta estadística es un complemento que aportará más datos dentro de las cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales (CTNFSI). Unas cuentas que sirven para cuantificar las relaciones económicas que acontecen cada trimestre entre los sectores que forman la economía nacional (hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, sociedades no financieras, instituciones financieras y administraciones públicas), así como sus relaciones con el resto del mundo. Se trata así de una serie que permite describir distintas fases del proceso económico, como la producción, la generación de renta, el consumo final o el ahorro, entre otros.

El INE ya trabaja en preparar esta estadística, según confirma un portavoz oficial a OKDIARIO. Sin embargo, la publicación se retrasará hasta final de año. Se hará así para hacerlo coincidir con un cambio de base en la contabilidad nacional que está previsto acometer en el último trimestre de este año. Se espera que a tiempo para evitar esa sanción, aunque no hay garantías de ello.

España tiene el dudoso honor de ser uno de los Estados de la UE con más multas y procesos sancionadores abiertos por Bruselas. Según los últimos datos publicados el pasado año, hay más de 60 expedientes abiertos contra España por haber traspuesto o aplicado de forma incorrecta normativas comunitarias. A esa cuantía se suma una treintena de procedimientos de infracción se suman a ese listado, a lo que habría que añadir otros requerimientos internos.

El más costoso es en este momento el que sobrevuela por el retraso en la ya aprobada Ley de Crédito Hipotecario, un procedimiento que podría tener un coste para las arcas públicas españolas de 80 millones de euros si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cumple con la amenaza ya esbozada por el abogado general de la UE de ejecutar la sanción.