Botín asegura en el juicio por la demanda de Orcel que nunca hubo un contrato sino una «carta-oferta»

Sólo fue una «carta-oferta» que no obligaba al Santander a formalizar ningún contrato. Es la declaración que ha realizado la presidente del Santander, Ana Botín, este miércoles en el juicio por la demanda del banquero Andrea Orcel contra la entidad española por rechazar finalmente contratarlo como consejero delegado.

Según Botín, nunca hubo un contrato, sino «una carta-oferta que nos obligaba a muchas cosas, pero no un contrato». A preguntas del abogado de  Orcel, Botín se ha remitido al consejo de administración y a la junta de accionistas del banco, ninguno de los cuales dio su visto bueno al fichaje del italiano.

«No es posible firmar un contrato si no lo aprueba la junta de accionistas», ha reiterado Botín, que en todo momento ha insistido en que no se trataba de un contrato sino de un documento que se puede calificar como «carta-oferta».

La responsabilidad del consejo era crucial, y el nombramiento «estaba sujeto a una serie de condiciones», que no se dieron, y por ello «no hubo contrato de servicios».

En la carta-oferta «decía claramente que el consejo se reunirá para valorar», al tiempo que se daba por hecho que Orcel se comprometía a reducir esa cifra «en todo lo posible».

El aspecto más peliagudo se refería a la retribución y al bonus al que aspiraba Orcel por haber dejado su puesto en el banco de inversión UBS.

«El consejo no aprobó el contrato, y sobre todo no aprobó la cifra de compensación por haber dejado UBS»; sin esa cifra bien definida, «no se ha visto nunca un contrato en 30 años que llevo en banca», ha explicado Botín.

A lo largo de la negociación «los números fueron cambiando», algo normal si se tiene en cuenta la confianza que había entre Orcel y el Santander, entidad que conocía y a la que había asesorado a través de UBS en operaciones como una ampliación de capital en 2015 o la adquisición del Banco Popular en 2017.