El Banco Mundial rechaza anular una condena a España de 91 millones por los recortes a las renovables

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid.
• • 08/08/2025 05:45
  • Actualizado: 08/08/2025 05:45

Nuevo golpe a la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para evitar el pago de los laudos contra España por los recortes a las renovables. El Ciadi, tribunal de arbitraje del Banco Mundial, ha rechazado la solicitud presentada por España para anular un laudo de más de 106 millones de dólares -91 millones de euros- a favor de Eurus Energy, filial de Toyota, perjudicada por los recortes retroactivos al régimen de energías renovables de 2012.

En una decisión adoptada por unanimidad, el Ciadi concluye que España no logró acreditar ninguno de los motivos contemplados en las normas para justificar la anulación del laudo. Los argumentos del Gobierno, que giraban en torno a supuestas faltas de motivación, errores procesales graves y una desviación manifiesta del derecho aplicable, han sido desestimados.

El laudo original, de febrero de 2021, condenó a España por vulnerar el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) al modificar de forma retroactiva el marco normativo que incentivaba la inversión extranjera en energía eólica. El tribunal concluyó entonces que Eurus había realizado sus inversiones sobre la base de un régimen regulatorio estable y predecible que fue alterado de forma sustancial y perjudicial afectando gravemente la rentabilidad de sus proyectos.

Este nuevo revés jurídico se suma a la larga lista de derrotas del Estado español ante el Ciadi en litigios relacionados con los recortes a las renovables. Hasta la fecha, España ha perdido más de 25 procedimientos, está perdiendo de manera sistemática sus intentos de anular los laudos, y la deuda supera los 1.900 millones de euros.

España debe 1.492,7 millones de euros a un total de 26 empresas acreedoras, entre ellas Eurus Energy. A esta cantidad se suman 385,1 millones de euros adicionales por intereses de demora, costas procesales y otros gastos derivados de la estrategia de impago sostenida por el Estado en los últimos años. Esta dinámica comenzó a quebrarse en junio de 2025, con el abono del laudo correspondiente a otra empresa japonesa, JGC Corporation.

Sin embargo, los inversores afectados continúan recurriendo a tribunales de terceros países, que ya reconocen a España como un Estado deudor. Esta vía ha dado lugar a embargos de bienes del Reino, como la decisión judicial dictada en Bélgica en julio de 2025, por la que se ordenó intervenir los ingresos que España percibe por tasas aéreas a través de Eurocontrol y Enaire.

El conflicto entre España y los fondos internacionales que reclaman las indemnizaciones por el recorte unilateral de las primas a las renovables tiene su origen en 2007. Ese año, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió aprobar unas primas a las inversiones en renovables del 25%.

Cuando el PP llegó al poder en 2012, ya debido a la grave crisis económica que heredó del PSOE, recortó unilateralmente esas primas hasta el 7%. A partir de ahí, los inversores iniciaron una lluvia de arbitrajes en el Ciadi que les ha ido dando la razón en la mayoría de los casos.

Ante la estrategia del Gobierno de Sánchez de no pagar los arbitrajes, los fondos han iniciado una batalla legal en los tribunales ordinarios de países como Estados Unidos, Reino Unido o Australia, que les han dado la razón y hay ya sentencias que permiten el embargo de bienes españoles en esos países.

Los fondos internacionales están tratando de llegar a un acuerdo con el Gobierno antes de proceder a esos embargos. Prefieren un pacto y cerrar la vía legal.