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La banca teme que el Gobierno vuelva a “pasar la gorra” con la nueva Autoridad de Defensa del Cliente

La banca teme que el Gobierno vuelva a “pasar la gorra” con la nueva Autoridad de Defensa del Cliente
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Eduardo Segovia
  • Eduardo Segovia
  • Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.

Nada más realizar el primer ingreso del impuestazo de Pedro Sánchez, recurrido por el grueso de las entidades, la banca se teme que el Gobierno vuelva a «pasar la gorra» en el sector con una nueva tasa. En este caso, a cuenta de la nueva «Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero» que se ha sacado de la manga Nadia Calviño, que puede suponer una nueva sangría para el sector.

La clave de esta nueva tasa encubierta está en el sistema de financiación de este nuevo organismo, que consiste en cobrar a los bancos 250 euros por cada reclamación presentada, independientemente de que luego se dé o no la razón al cliente. El temor de las entidades es que se presenten muchísimas reclamaciones, por ejemplo por la subida de las hipotecas, y que eso acabe suponiendo un gasto relevante para el sector.

El gobernador del Banco de EspañaPablo Hernández de Cos, puso de manifiesto el jueves en el Congreso los posibles efectos perversos de este sistema: «Este sistema podría provocar que cualquier disputa por un importe inferior a la cantidad de la tasa sea aceptada por la entidad con independencia de que su comportamiento se haya ajustado o no a la normativa y a las buenas prácticas, puesto que continuar el procedimiento ante la Autoridad siempre sería más costoso».

«En último término, podría generar también un incremento de los conflictos entre los clientes y las entidades financieras», añade. «En este sentido, el Consejo de Estado, en su dictamen al anteproyecto, se ha pronunciado sobre la falta de proporcionalidad del sistema de tasa diseñado».

Por eso, propone una alternativa: «Para evitar estos problemas potenciales, podrían explorarse otras alternativas como, por ejemplo, requerir el cobro de la tasa en función del número de reclamaciones contrarias a una entidad, y no meramente de las tramitadas».

Fuentes del sector creen que el sistema se ha diseñado expresamente para exprimir todavía más a la banca, más allá de los impuestos que pagaba tradicionalmente y del nuevo tributo especial recurrido ante el Tribunal Constitucional. «La banca se ha convertido en el chivo expiatorio y la cortina de humo preferida del Gobierno. La banca tiene la culpa de todo lo malo. Por tanto, hay que exprimirla todo lo que se pueda y más», opina una de estas fuentes.

Este nuevo tributo enmascarado serviría a Calviño para calmar a sus socios de Podemos por no adoptar el tope a las hipotecas a tipo variable que llevan meses exigiendo. Un tope que la vicepresidenta considera que sería ilegal a todas luces porque violaría contratos elevados a escritura pública, aparte del agravio comparativo con los hipotecados a tipo fijo.

Es decir, el Gobierno cambiaría una medida lesiva para la banca pero de muy difícil encaje jurídico, el citado tope, por otra menos lesiva pero recaudatoria y que no tendrá problemas legales para su aprobación.

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