Aviso a Sánchez: un juez de EEUU tumba el argumento que Rusia copió a España en un arbitraje renovable
Rusia copió en un juicio en EEUU que le obliga a pagar a Yukos 5.000 millones de dólares el argumento de España en sus litigios por los impagos a las renovables


Mensaje para Pedro Sánchez y el Gobierno español, que tiene juicios abiertos en Estados Unidos donde diversos fondos internacionales le reclaman millones de euros por los impagos a las renovables. Un juez federal de Washington DC ha rechazado la petición de Rusia de anular por cuestiones jurisdiccionales el juicio en el que Yukos le reclama 5.000 millones de dólares para cumplir con la sentencia de 2021 de un tribunal suizo. Yukos fue la mayor petrolera rusa en los años noventa, posteriormente fue comprada por el Gobierno ruso, su presidente arrestado y finalmente disuelta.
Es un caso similar a los que tiene España -cumplir o no con los arbitrajes internacionales-, y Rusia utilizó el mismo argumento jurisdiccional que ha utilizado el Gobierno español para tratar de anular los juicios, alegando que la Comisión Europea ya ha determinado que España no tiene que abonar nada a los fondos aunque haya perdido los arbitrajes en el Banco Mundial porque se considerarían ayudas de Estado e iría contra las normas europeas.
Rusia solicitó en abril de este año al juzgado estadounidense que anulara el proceso de Yukos. El Gobierno de Vladímir Putin defiende que Estados Unidos no tiene jurisdicción para ejecutar laudos dictados bajo tratados bilaterales de inversión si no existe un «acuerdo válido de arbitraje con o para el beneficio del reclamante», como adelantó Libertad Digital.
Las consecuencias son sustanciales porque si el movimiento ruso hubiese prosperado habría permitido a países como España blindarse ante litigios internacionales simplemente negando la existencia de tal acuerdo.
Es el argumento que ha defendido también España en el caso abierto en Estados Unidos por NextEra. De momento, el Tribunal de Apelación de Columbia rechazó también los argumentos de España sobre que los tribunales de Estados Unidos no son competentes ante las decisiones soberanas de la Unión Europea. Esa resolución aún no es firme a la espera de que se resuelva el recurso que ha interpuesto España en el proceso.
A tenor de lo resuelto por este tribunal de Estados Unidos en el caso de Yukos Capital contra Rusia, España perderá los procesos abiertos en Estados Unidos por los fondos que invirtieron en España y que acudieron a juzgados internacionales para tratar de cobrar los arbitrajes que ganaban en los tribunales del Banco Mundial u otros.
Según fuentes de estos fondos internacionales, el Banco Mundial ha recibido 50 arbitrajes por los impagos a las renovables de España y les ha dado la razón de momento en 27. La deuda asciende hasta la fecha a casi 1.900 millones de euros, incluyendo los intereses de demora.
Los reveses judiciales que ha sufrido el Gobierno español por su estrategia -tribunales de Australia y Reino Unido ya han sentenciado contra España y ha abierto la puerta a embargos de bienes españoles en esos países- ha obligado al Ejecutivo a dar un giro en su estrategia.
El Gobierno ha pagado su primer arbitraje a una empresa de fuera de Europa. Este diario publicó que la intención del Ejecutivo es abonar sólo los arbitrajes contra empresas de fuera de la UE, lo que suma unos 500 millones de euros. Sin embargo, los fondos rechazan esta nueva estrategia del Gobierno y reclamarán el pago de todos los arbitrajes.
El origen de este conflicto es de 2007. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó primas del 25% para las inversiones en energías renovables, con el objetivo de fomentar su uso. Cuando Mariano Rajoy llegó al poder, y ante la crisis económica que heredó de Zapatero, para reducir gasto redujo unilateralmente las primas al 7%.
Los fondos que invirtieron en España iniciaron entonces decenas de arbitrajes en el Banco Mundial y otros tribunales civiles, que ganaron en la mayoría de ocasiones. El Gobierno de Sánchez decidió no pagar esas indemnizaciones y los fondos acudieron entonces a juzgados de varios países para tratar de cobrar del Gobierno español.