El Govern estima que la regularización exprés «tendrá un impacto significativo» en los servicios públicos de Baleares

El Govern balear que preside la popular Marga Prohens pedirá al Tribunal Supremo que suspenda de forma cautelar el proceso de regularización extraordinario de personas migrantes mientras que resuelve el recurso contencioso-administrativo que tiene previsto interponer próximamente.

Lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes, en la que se ha autorizado a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a iniciar el procedimiento judicial.

El Govern, como ha venido sosteniendo desde que se aprobó el real decreto que habilita la regularización, ha argumentado que la medida no contó con el consenso de las comunidades autónomas, debate parlamentario o valoración del impacto presupuestario que permita realizar una previsión real de las consecuencias sociales, económicas y administrativas.

Costa ha afirmado que la regularización tendrá un elevado impacto económico sobre los servicios públicos de Baleares, que ha calificado como «significativo» y «sustancial», pero que no ha querido cuantificar.

«No nos aventuraremos, porque ni siquiera el Gobierno da una sola cifra en este sentido y nosotros no nos pondremos ahora a hacer anuncios de cifras concretas. Pero sí que puedo decir que el impacto previsto es muy significativo. Tenemos estimaciones, pero se manifestarán en su momento», ha dicho.

En cualquier caso, una de las cuestiones que ha reprochado al Gobierno es que no compense económicamente a las comunidades autónomas por tener que asumir determinadas funciones en el marco de este proceso de regularización extraordinario.

«La sensación es que Pedro Sánchez invita y el resto pagamos», ha sostenido el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern. Tampoco se ha mostrado conforme con la falta de «datos fiables y estimaciones claras» sobre el número de personas que podrían verse beneficiadas por la regularización, motivo por el que ha lamentado que todas las previsiones son «aproximadas u orientativas».

Según varios informes elaborados por el Govern, ha dicho, la medida podría tener una «incidencia directa» sobre los servicios sanitarios, educativos y sociales, así como sobre los recursos destinados a la atención de menores.

También ha hablado del posible «efecto llamada» que provocaría la regularización extraordinaria de personas migrantes, algo que han negado desde diversas entidades sociales, y de que la medida «va en dirección contraria a la tendencia actual de la mayoría de los países europeos, que están reforzando las políticas de control de fronteras, ordenación de los flujos migratorios e integración efectiva».

Preguntado por la estrategia jurídica que seguirá el Govern para tratar de frenar el proceso de regularización, dado que el Supremo ya ha desestimado algunos recursos similares, Costa se ha limitado a defender que la Abogacía esgrimirá «argumentos jurídicos».

«No recibe órdenes políticas. Planteará el recurso bajo argumentos jurídicos, que los hay y entendemos que son válidos. A partir de ahí veremos lo que pasa, pero creo que tenemos todo el derecho, con independencia de lo que haya sucedido con otros recursos, a interponer el nuestro», ha indicado.

Desde su punto de vista, el inicio de este procedimiento judicial «es defender los intereses de los ciudadanos de Baleares». «Eso es lo que intentamos hacer, y a partir de aquí serán los tribunales los que decidan», ha zanjado.

Costa, cuestionado acerca del apoyo al proceso de regularización que han dado las patronales empresariales, ha rehusado hacer «una interpretación de si lo que hacen otros colectivos es o no equivocado».

«Cada colectivo es libre de expresar su opinión, de estar a favor o en contra. Pero mantenemos nuestra postura, la transformación del modelo de crecimiento de Baleares es una aspiración que tenemos desde hace mucho tiempo, y es evidente que se puede establecer una correlación directa entre crecimiento en volumen y necesidad de mano de obra», ha sostenido.