El aval del Supremo a la CNMC por Repsol augura un coste para las empresas de 1.000 millones en multas

En el organismo que preside José María Marín Quemada no ha generado ninguna sorpresa que el Tribunal Supremo les haya dado la razón sobre las multas impuestas a Repsol, que obligan a la petrolera a pagar 42,6 millones de euros por pactar los precios de los carburantes con otras compañías del sector, limitando así la competencia. Las multas, anuladas por la Audiencia Nacional en primera instancia, serán recurridas por Repsol ante el Tribunal Constitucional.

Tampoco ha sorprendido en la CNMC que este mismo viernes el Supremo le diera la razón también en el caso de la multa de 3,1 millones que impuso a la SGAE por abusar de su posición de dominio entre 2009 y 2012 cobrando comisiones abusivas por derechos de propiedad intelectual a los promotores de conciertos y otros eventos musicales en vivo.

Estas dos últimas victorias, unida a la del 21 de mayo sobre otra resolución del Supremo a favor de Competencia sobre una multa a Renfe, auguran un negro panorama para las empresas que han sido multadas por Competencia, entre las que se encuentran Telefónica, Vodafone, Renfe o las principales eléctricas. «Lo que ha venido a decir el Supremo en el caso de Repsol, y no es la primera vez que lo dice, es que las empresas no pueden enmarañar el expediente con triquiñuelas procesales», apuntan fuentes de la CNMC.

El asunto no es baladí porque Competencia ha puesto en los últimos años más de 1.000 millones de euros en multas. 2015 fue el año récord, al rozar los 600 millones en un solo año. Según un informe de la propia CNMC, aunque las compañías multadas recurren a la Audiencia Nacional y suelen ganar, en segunda instancia el Supremo suele revocar la decisión de la Audiencia y ratificar las multas.

En concreto, y solo entre 2014 y 2017, el 82% de las resoluciones de  Competencia son ratificadas por el Supremo, como muestra el gráfico. Un informe independiente del despacho Ashurst eleva ese porcentaje incluso hasta rozar el 90%.

Grandes afectados

Competencia mantiene conflictos abiertos con las grandes compañías del país. Las eléctricas Endesa, Iberdrola y Naturgy, las operadoras Telefónica, Vodafone y Orange, Renfe, empresas lácteas, del sector del automóvil… Más de 1.000 millones de euros en total que tendrían que desembolsar después de las resoluciones del Supremo.

La esperanza para las empresas sancionadas es que, en algunos casos, la multa se anula por defectos de forma y, en la mayoría, se retrasa más de cinco o seis años por la batalla judicial.