La Audiencia Nacional admite una querella contra Alcoa por cinco delitos en la venta de sus plantas

Segundo revés para Alcoa después de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia decretara que no puede desmontar su fábrica de San Cibrao (Lugo). Ahora, la jueza María Tardón de la Audiencia Nacional admite o a trámite la querella presentada por Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) contra Alcoa y otras dieciocho personas físicas y jurídicas por supuestas irregularidades en la venta de las plantas de la compañía en Avilés y La Coruña.

Según ha comunicado la jueza en un auto conodico este martes, se da luz verde al escrito presentado por el sindicato por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal.

La querella que ha aceptado Tardón va dirigida contra diez personas físicas y nueve jurídicas entre las que se encuentran las sociedades Alcoa Inespal, Alu Ibérica AVL, Alu Ibérica SL, Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo.

Venta a Parter Capital

La juez Tardón dice que «teniendo en cuenta la ausencia de claridad y concreción que se advierte en la querella», necesita conocer la titularidad real de Alu Ibérica LC y ALU Ibérica AVL, sus socios, órganos de administración y representación, capital social y situación financiera, entre otros extremos, informa Efe.

Para el pasado año, Alcoa ha vendido al fondo de inversión suizo Parter Capital las factorías que tenía en La Coruña y en Avilés (Asturias), después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de clausurar las dos fábricas.

Altos costes de electricidad

La compañía justificó entonces su decisión dados los altos costes de la electricidad en España, el mismo argumento que ha tomado para otras.

Sin embargo, Parter Capital no tardó en desprenderse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica. Chocaban en un principio la baja rentabilidad y la facilidad con que se vendió.

Alcoa habría engañado a los sindicatos en el marco de la negociación del despido colectivo, iniciado en 2018

Según la CCP, que cifra en 688 el número de trabajadores empleados en los centros de La Coruña y Avilés, Alcoa habría engañado a los sindicatos en el marco de la negociación del despido colectivo, iniciado a finales de 2018.

Con ello, prosigue la querella, buscaba «eludir el abono de sus responsabilidades empresariales con los trabajadores, abocando a la insolvencia de las unidades productivas, para su transmisión lucrativa a terceros».

«Empresas pantalla»

El escrito relata el proceso de venta y concluye que «los querellados han llevado a que la titularidad de las dos factorías termine en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para llevar a cabo el plan de negocios, ni el del pago de los salarios, ni el de la inversión, con lo que se frustra el objetivo final de la negociación, la salvaguardia de los puestos de trabajo».

Según los querellantes, Alcoa bloqueó la inversión de 20 millones de dólares por planta

Al mismo tiempo, añade, se habrían incumplido las cláusulas de contratación, lo que determinaría la liberación de Alcoa de la obligación de invertir -en el acuerdo asumía un desembolso de 95 millones de dólares pagaderos en 21 meses desde la venta, para el mantenimiento de la plantilla (coste salarial aproximado de unos 42,5 millones de euros anuales).

En opinión de los querellantes, «lo primero que hace Alcoa» es bloquear una inversión de 20 millones de dólares por planta, consignándolo notarialmente, «lo que frenó las inversiones y el pago de los salarios, pagos de seguridad social y aportaciones a planes de pensiones de los trabajadores, que seguían unidos a la empresa».

Finalmente, recuerdan que los trabajadores de las plantas carecen de trabajo y tampoco se ha impartido la formación a la que se habían comprometido.

Tumban su ERE

Siguen las malas noticias para la empresa industrial, después de que el pasado viernes 18 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) decretó nulo el Expediente de Regulación de Empleo de la empresa de producción de aluminio Alcoa. El motivo de esta decisión es que ha apreciado «mala fe» por parte de la empresa en las negociaciones con los sindicatos, que precisamente fueron con su recurso los que judicializaron el caso después de presentar Alcoa su proyecto de despidos.

Con esta sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia tumba el despido de más de 500 trabajadores de la planta de aluminio de Alcoa San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo).

La fábrica gallega de Alcoa es la única de aluminio primario que queda en España pero la empresa ha argumentado grandes pérdidas para solicitar su cierre

La fábrica gallega de Alcoa es la única de aluminio primario que queda en España y fue el presidente de su comité de empresa, José Antonio Zan, el que presentó a los medios la resolución judicial, a la vez que ha celebrado que se hiciera «justicia» y ha anunciado que irán a celebrarlo a la fábrica.

Después de las dos vistas celebradas en el alto tribunal gallego, la primera para evaluar las medidas cautelares solicitadas por la parte social y la segunda por la demanda del proceso de despido colectivo, los trabajadores de Alcoa estaban a la espera de una decisión que aclarase su futuro.