Los asesores fiscales critican la ‘improvisación’ del Gobierno con los nuevos impuestos
La asociación de asesores fiscales (Aedaf) ha criticado este jueves la «gran improvisación» del Ministerio de Hacienda para poner en marcha los nuevos impuestos que gravan las transacciones financieras y algunos servicios de las grandes tecnológicas y que, a su juicio, se están usando como propaganda.
«¿Para qué sirve crear un impuesto que no sabemos como pagar y que en un año quizá haya que cambiar?. No merece la pena ni para los contribuyentes ni para Hacienda»
En rueda de prensa, desde Aedaf han apuntado que hay un gran desasosiego entre las empresas que desconocen cómo van a tener que pagar estos impuestos y ha criticado el retraso de Hacienda para publicar los reglamentos correspondientes y no dar tiempo de adaptación.
«No hay una mínima seguridad jurídica para que el contribuyente pueda cumplir en plazo», ha señalado el vicesecretario de Aedaf, Eduardo Gracia, que ha advertido de que esta situación puede ahuyentar inversiones en un momento especialmente delicado por la pandemia.
En el caso del impuesto a las transacciones financieras, Gracia ha subrayado además que el Gobierno era consciente de que las entidades lo iban a trasladar a los clientes. Asimismo, ha afirmado que esta actuación del Ejecutivo va a gravar a las clases medias, a todo el mundo y el Gobierno era plenamente consciente.
Impuestos a las tecnológicas
En cuanto a la nueva tasa para tecnológicas, también han cuestionado si éste era el momento más adecuado y si va a cumplir con su objetivo de recaudación.
«¿Para qué sirve crear un impuesto que no sabemos como pagar y que en un año quizá haya que cambiar?. No merece la pena ni para los contribuyentes ni para Hacienda», ha reflexionado Gracia. Por su parte, la presidenta de Aedaf, Stella Raventós, ha criticado que se usen estos impuestos como propaganda, y ha subrayado que el sistema impositivo se merece más seriedad.
Y sobre el retraso en la transposición de la directiva sobre transparencia fiscal DAC 6, Raventós ha insistido en que podría acarrear sanciones a cuestiones aún por regular en España. O se prolonga el plazo, ha apuntado, o esto acabará en un tirón de orejas de la Comisión Europea
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