La Audiencia archiva definitivamente la causa contra el CEO de Acciona Infraestructuras en Acuamed

Golpe a las acusaciones en el ‘caso Acuamed’, donde se investiga desde hace cinco años si la ex cúpula de la firma y varias constructoras del país inflaron supuestamente el precio de las obras a cambio de regalos. La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha ratificado la decisión del juez instructor del caso, Manuel García Castellón, y ha archivado definitivamente la causa contra el consejero delegado de Acciona Infraestructuras, Luis Castilla.

La Sala, presidida por Angela Murillo, señala en el auto que su decisión se basa en que «no se desprenden datos indiciarios suficientes sobre la participación del citado en ningún hecho delictivo relacionado con la construcción de la desalinizadora aludida -Torrevieja- que permita mantener después de cinco años de instrucción al Sr. Castilla Cámara en concepto de investigado», según escrito de 11 de febrero.

La decisión de la Sala supone un varapalo para la Fiscalía, que se ha opuesto al archivo de la causa contra Castilla alegando su responsabilidad en un supuesto pacto con la ex cúpula de la empresa pública para inflar el precio final de la desaladora de Torrevieja a cambio de regalos. Ese supuesto pacto entre las constructoras y la ex cúpula de Acuamed es la base de prácticamente todo el caso, por lo que la primera desimputación de uno de los altos cargos de las constructoras investigados en el caso apunta en una dirección contraria a la de la Fiscalía.

«No se desprenden datos indiciarios suficientes sobre la participación del citado en ningún hecho delictivo que permita mantener después de cinco años de instrucción al Sr. Castilla Cámara en concepto de investigado», dice la AN

El auto de archivo de la causa confirma los dos autos previos del juez instructor, García Castellón. El magistrado decidió sacar del caso a Castilla el 24 de agosto, como publicó este diario. El consejero delegado de la filial de infraestructuras del grupo de la familia Entrecanales había pedido en varias ocasiones el sobreseimiento del caso, sin éxito. Pero, «en este momento, visto el estado de las actuaciones, y una vez practicadas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, corresponde al Juez de Instrucción el dictado de alguna de las resoluciones a las que se refiere el precepto, debiendo acordarse, en este caso, y respecto de Luis Castilla Cámara, el sobreseimiento provisional conforme al art. 641.1 de la misma norma procesal», señaló el juez en agosto.

El magistrado, ratificado ahora por la Sala superior, es claro en su auto de archivo: «El Ministerio Fiscal sostiene como fundamento de la incriminación del Sr. Castilla sus reuniones con el Sr. Arcadio Mateo, quien fuera Director General de Acuamed, sin que de las actuaciones practicadas se pueda inferir que entre ellos se materializó un consorcio de voluntades encaminado a la ejecución fraudulenta de la planta desalinizadora, mediante la prolongación irregular de su ejecución».

La Fiscalía recurrió y el juez García Castellón rechazó ese recurso y volvió a ratificarse en el archivo de la causa contra Castilla, en octubre. La Fiscalía volvió a recurrir en segunda instancia, esta vez ante la Sala superior, que ya ha archivado definitivamente el caso y sin posibilidad de más recursos. Este archivo apunta también a que la Sala sacará de la causa al otro investigado en el caso de Acciona, Justo Vicente -está en fase de recursos-.

Negociaciones habituales en el sector

En su defensa, la constructora y los directivos de la firma han señalado que se trata de negociaciones habituales entre las partes para cerrar un proyecto como una desaladora, que suele haber sobre costes. De hecho, la constructora señala que fruto de esa negociación ha renunciado a 41 millones de euros, que habría dejado de pagar la empresa pública -la Fiscalía sostiene que hay malversación de dinero público por 9 millones-.

Los magistrados de la Audiencia Nacional consideran que no hay indicios que prueben la participación de Castilla, y que no se le puede procesar sólo por el hecho de ser el jefe de la compañía, argumento repetido para el caso de Justo Vicente, otro alto cargo de la constructora investigado en el caso.

La decisión de la Sala por tanto añade dudas sobre las acusaciones vertidas por tres directivos de Acuamed, origen del caso en 2015, y que fue utilizado por el PSOE, entonces en la oposición, para desgastar políticamente al entonces presidente, Mariano Rajoy, a cuenta de la corrupción. Dos de esos tres directivos están ahora imputados por supuestamente hacer lo que denunciaron de sus superiores, mientras que sigue estancado el proceso para calcular el precio de las obras bajo sospecha ordenado por el juez hace más de un año. El coste de las obras es vital para determinar si se infló posteriormente el precio. Cinco años después de iniciado el caso, se desconoce.