El agujero de RTVE por la deuda del IVA con Hacienda sube a 940 millones y deja a la cadena en quiebra
La dirección de RTVE no provisiona en sus cuentas la reclamación de Hacienda, lo que le permite presentar superávit en 2025
El quebranto económico para RTVE de la deuda que mantiene con Hacienda por el conflicto del IVA, que está pendiente de sentencia, ha ascendido a cierre de 2025 a 940 millones de euros, 120 millones más que en 2024. Es el cálculo que hace el auditor de la cadena pública, y que la dirección de RTVE se niega a provisionar en las cuentas como obliga el Instituto de Contabilidad (ICAC), organismo dependiente de Economía y que es la autoridad en el ámbito contable.
RTVE se niega a provisionar esa cantidad ya que, al estar judicializado, interpreta que tiene más del 50% de posibilidades de ganar el pleito. Por eso, en vez de provisionarlo -apuntarlo como gasto- lo contabiliza como una deuda de Hacienda con RTVE. Niega por tanto estar en causa de disolución.
El ICAC es muy claro en una reciente consulta de mayo pasado sobre este conflicto, que afecta también al resto de televisiones públicas -aunque sólo RTVE se niega a hacer la correspondiente provisión-. En su respuesta, el ICAC deja claro que «la notificación de la Agencia Tributaria genera una obligación presente con presunción de validez, por lo que la empresa deberá registrar un pasivo si el importe es determinado y exigible o bien una provisión en el caso de que el importe final o la fecha de exigibilidad pudiera variar, sin que la interposición de un recurso exonere el reconocimiento contable de la obligación».
En definitiva, una deuda con la Agencia Tributaria se tiene que provisionar, aunque RTVE considere que tiene más del 50% de posibilidades de ganar el pleito. El origen del conflicto es un cambio en la norma que hizo el ex ministro Cristóbal Montoro, que limitó la deducción del 100% por IVA que disfrutaban hasta ese momento las televisiones públicas. Hacienda requiere el pago a las cadenas, éstas pagan e inmediatamente recurren. Ese recurso está en los juzgados, pero mientras se resuelve, RTVE tiene que provisionar el coste: 940 millones a cierre de 2025.
La consecuencia de esta provisión es que la cadena pública estaría en causa de disolución y su accionista único, la SEPI y el Ministerio de Hacienda, se verían obligados a hacer una ampliación de capital para restablecer el equilibrio financiero de la sociedad. Una ampliación de capital de 1.000 millones de euros.
Centrado en 2025, el efecto de no hacer esta provisión es que RTVE ha presentado unas cuentas con un superávit de 55,6 millones de euros -13 millones de pérdidas en 2024-. De haber cumplido con las normas de contabilidad, la cadena pública habría perdido 65 millones de euros. Y sin contar los 63 millones de aportación extraordinaria solicitada por López este año y abonada por la SEPI, RTVE también habría cerrado 2025 en pérdidas.
Por esta razón, los cuatro consejeros de RTVE nombrados por el PP no han firmado las cuentas en el consejo celebrado este martes. Las razones esgrimidas por ellos para votar en contra de las cuentas son el no cumplimiento de las inversiones, y no contabilizar la deuda por el IVA en la cuenta de resultados o no proveer ninguna cantidad económica sobre la cuestión. Las cuentas se han aprobado por 11 votos a 4, con la mayoría de consejeros del PSOE y sus socios de Sumar, PNV, Junts y ERC.
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