El afán confiscatorio de Sánchez: quiere recaudar 65.500 millones de € más en impuestos hasta 2025
El Gobierno sepulta su previsión de crecimiento y la rebaja casi tres puntos: del 7% hasta el 4,3%
Frenazo de la economía española: crece sólo un 0,3% en el primer trimestre por la caída del consumo
Los economistas tumban la nueva previsión de PIB de Sánchez a la media hora de anunciarlo
El Gobierno quiere seguir rompiendo récords en la recaudación de impuestos de familias y empresas. Según el Programa de Estabilidad 2022-2025 enviado a Bruselas este viernes, el Ejecutivo calcula que los ingresos fiscales por impuestos ascenderán a 361.260 millones de euros en 2025, 65.490 millones más que a cierre de 2021. Para este año 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez prevé que la recaudación se incremente en otro 7% -15% en 2021- y se sitúe en 317.657 millones.
Para los años siguientes, el Ejecutivo espera que «los impuestos crezcan a unas tasas de 5,7%, 4,0% y 3,5%, lo que conllevaría alcanzar en el 2025 los 361.261 millones de euros frente a los 335.819 millones de 2023», explica en el documento enviado a Bruselas.
El impuesto más importante es el IRPF, que pagan todos los ciudadanos que alcanzan un mínimo de rendimientos. El Gobierno asegura a Bruselas que tendrán una «tasa de crecimiento del 5,9%, 5,5% y 4,9% para 2023, 2024 y 2025 respectivamente, alcanzando, al final de la serie, el montante de 181.310 millones de euros frente a los 163.722 millones de euros de 2023». En opinión del Ejecutivo se trata de una «ralentización» de la recaudación por esta tasa.
«Por figuras, la recaudación por el Impuesto de Renta sobre Personas Físicas y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, al igual que en el caso de los impuestos directos a nivel agregado, presenta una ralentización del crecimiento los restantes años, siguiendo el mismo perfil cíclico de la remuneración de asalariados y del empleo», dice.
Por su parte, el documento admite que «el Impuesto de Sociedades, en cambio, experimentará un repunte de crecimiento en el 2023, para luego crecer a tasas dinámicas, pero algo más moderadas».
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en una comparecencia pública para presentar el Programa de Estabilidad, en el que ha rebajado su previsión de crecimiento económico del 7% al 4,3%, que todo el incremento de la recaudación se producirá por la inercia de la subida del PIB.
Por lo tanto, el incremento de la recaudación se producirá sin subir nuevos impuestos… de momento. Porque la reforma fiscal prometida por Montero está a la espera de que mejorase la economía -los expertos fiscales ya entregaron su propuesta-. Las subidas de impuestos ya se han producido en 2021, que el Gobierno enumera en el documento enviado a Bruselas: tasas Tobin y Google, seguros, IVA de las bebidas azucaradas, limitación al 95% de la exención para la repatriación de dividendos a las multinacionales españolas…
Déficit
La reducción del déficit y de la deuda pública prevista en el Programa de Estabilidad también están limitadas al crecimiento del PIB, ya que tampoco prevé ajustes de ningún tipo. Confía en la mejora de las cifras de empleo por dos vías: promete a Bruselas crear 1,5 millones de trabajos equivalentes a tiempo completo hasta 2025, y que el Mecanismo RED reduzca el desempleo estructural en 280.000 personas. Y junto a la mejoría de los ingresos por el incremento del paro, la reducción del gasto público: primero, por la reducción de las prestaciones al haber menos gente en paro -tasa inferior al 10% en 2025-, y segundo, por el fin de los gastos sanitarios derivados el coronavirus.
Sí promete en el documento subir las gastos en Defensa para adecuarse a la petición de la OTAN de invertir el 2% del PIB en 2030: dos décimas de PIB en 2023 -repartida en remuneración de asalariados, consumos intermedios e inversión- y una adicional en 2024 y 2025 -para reforzar el personal-. También elevar los sueldos de los empleados públicos con arreglo a la inflación a partir de 2023 -las pensiones ya desde 2022-.
Al final del periodo el déficit se situaría en el 2,9% y la deuda pública, en el 109% del PIB. Todo, como han reconocido, por la «inercia» de la mejora del PIB.
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