El acuerdo UE-Marruecos lleva un año aplicado provisionalmente por el temor de Bruselas a llevarlo al Parlamento

A la Unión Europea siempre le ha resultado difícil gestionar sus relaciones con Marruecos, pues la buena vecindad con un país que recurre a la inmigración como instrumento de presión no es fácil. De ahí la importancia que se le dio en España a la votación que tuvo lugar en el Parlamento Europeo el pasado 17 de septiembre, en el que este calificó de «invasión» el ataque en Ceuta, y a las advertencias inequívocas mandadas a Rabat por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Sin embargo, la invasión de suelo español ha logrado disimular el otro gran asunto pendiente de Bruselas en cuanto a sus relaciones con la dinastía alauí, que no es otro que el acuerdo comercial bilateral que ambas partes firmaron en octubre del año pasado y que desde entonces se aplica provisionalmente pese a que los eurodiputados aún no han podido votarlo. En los pasillos de Estrasburgo se daba por sentado que el Ejecutivo de Von der Leyen remitiría el texto a la cámara este otoño, pero el tiempo pasa sin que nada se mueva y todo indica que la razón es el temor a que el legislativo lo rechace.

El asunto es todo lo polémico que podría ser, pues bajo el aspecto de una mera reducción arancelaria —beneficiosa para ambas partes— se esconde un texto que en la práctica supone un reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y un desafío a un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que amenaza con hundir a los productores españoles de tomate y, por si esto fuera poco, que nació con el pecado original de una negociación bilateral que se llevó a cabo en el más absoluto secretismo.

Para explicar el caso, hay que empezar por referirse a la histórica sentencia emitida por el TJUE el cuatro de octubre de 2024, que en realidad fueron dos. La primera de ellas —y la más relevante— anuló un entendimiento firmado entre la UE y el país magrebí en 2019, que extendía a las exportaciones del Sáhara las preferencias arancelarias de las que venían gozando desde principios de siglo los productos agrícolas marroquíes (a través del Acuerdo Euromediterráneo), en un arreglo que burlaba una jurisprudencia anterior del alto tribunal que ya había dejado establecido que los territorios ocupados no podían ser incluidos en ninguna entente entre estados sin antes consultar al pueblo saharaui.

Hace dos años, el tribunal luxemburgués echó por tierra ese texto y, de paso, en un segundo dictamen prohibió que los productos agrícolas originarios de esa región que llegaran a la UE lo hicieran con un etiquetado marroquí. Y con esto los Veintisiete se vieron envueltos en un lío sensacional, ya que el gobierno alauita siempre ha dejado muy claro que no va a suscribir ninguna alianza que cuestione su soberanía sobre la antigua colonia española.

De hecho, para defender su postura en este asunto, el país vecino ha llegado hasta el extremo de amenazar a España, pues no hay que olvidar que en 2017, un año después de que la justicia europea ligara por primera vez la legalidad del Acuerdo Euromediterráneo al consentimiento del pueblo saharaui, Rabat afirmó que si se obstaculizaban sus exportaciones, los «flujos migratorios» se verían renovados (para muestra, Ceuta).

Sea como fuere, y como ya se ha avanzado, en 2024 el alto tribunal puso fin al enésimo apaño ideado en los despachos y dio al Ejecutivo comunitario un margen de doce meses para cesar las importaciones de bienes desde la antigua colonia a arancel cero. Entonces, el equipo de Von der Leyen respondió emprendiendo una negociación a contrarreloj y que fue llevada a cabo en el más absoluto secreto, y esto desembocó en el ya mencionado acuerdo de octubre de 2025, que hay que leer como un segundo intento por parte de las autoridades europeas de forzar la jurisprudencia del TJUE.

Para cumplir con la sentencia referida al etiquetado, hace ahora un año Bruselas propuso reformar un reglamento comunitario para que los productos de la región puedan identificarse como originarios de «Dakhla Oued Ed-Dahab» y «El Aaiún-Sakia El Hamra», que son los topónimos que emplea Rabat para referirse a los territorios ocupados y, en opinión de las organizaciones agrarias españolas, una treta para camuflar la verdadera procedencia de esas importaciones.

De otro lado, y para esquivar el fallo que prohíbe el comercio con el Sáhara a la UE a arancel cero, la Comisión recurrió a un remiendo que es más sorprendente aún si cabe, y es que ha comprometido financiación para ese territorio; concretamente, se dispone a enviar fondos para la extensión de los regadíos, el sector energético o la lucha contra la desertificación, además de ayuda para los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia).

Con esto, el Ejecutivo comunitario pretende agarrarse a un resquicio que le dejó el TJUE al precisar que, a falta de una consulta directa al pueblo saharaui sobre la pertinencia de un entendimiento comercial, su consentimiento podía darse por bueno «de manera implícita» si el pacto en cuestión le suponía alguna ventaja.

El problema con esto es que hay razones para temer que esa ayuda financiera acabará beneficiando al propio régimen alauita, que en los últimos años ha invertido ingentes cantidades de dinero en infraestructuras de irrigación e invernaderos para convertir el desierto en un hub hortofrutícola. De hecho, y en opinión del Frente Polisario o de oenegés como Mundubat, el gobierno marroquí utiliza esta floreciente industria agroalimentaria como un instrumento de colonización, ya que esta ‘economía del desierto’ es un foco de atracción de inmigrantes marroquíes.

Este es otro de los puntos sensibles de este caso, pues resulta que los principales perjudicados por la situación son —con permiso de los saharauis— los agricultores españoles; sobre todo, los productores de tomate, que en los últimos años han visto cómo el vecino del sur adelantaba a nuestro país como principal proveedor de la UE.

Mientras esto ocurría, las ventas españolas al resto del continente han caído un 37% en diez años, y la producción, alrededor de un 20%. Y el Sáhara es importante en esta historia porque Rabat lo necesita para mantener esta bonanza exportadora, ya que sus 365 días de sol al año lo convierten en una región extremadamente fértil (con riego artificial) y de la que ya salen entre un 10 y un 20% de todos los tomates que exporta el país vecino.

Visto todo esto, se empieza a comprender por qué Bruselas se ha negado hasta ahora a llevar el nuevo pacto comercial al Parlamento para que lo vote. El resultado de esa votación se promete muy ajustado, pues no hay que olvidar que el pasado 26 de noviembre una moción del Partido Popular que pretendía tumbar el etiquetado sui generis diseñado para los productos de los territorios ocupados no salió adelante por la falta de apenas un voto (los socialistas españoles rechazaron la propuesta).