El tope de precios hunde el alquiler en Barcelona: cada anuncio recibe 401 interesados, el triple que en Madrid
La provincia pierde más de 9.000 arrendamientos en un año
De las distintas variables que pueden tomarse para medir la salud de un mercado del alquiler, como son el precio, el ‘stock’ de viviendas o la duración de los contratos, una de las más reveladoras es el número de interesados por anuncio. Si se toma esa métrica, los datos son muy claros e indican que Barcelona es -de lejos- la provincia española en que resulta más difícil acceder a un arrendamiento.
En la capital catalana, cada vez que un inmueble sale al mercado 401 personas se interesan por el mismo en un período de diez días, una cifra que es tres veces superior a la media nacional (133) y que está muy lejos de los datos de Baleares (159) y Madrid (120), dos regiones que también acusan fuertes encarecimientos y que en el imaginario colectivo -especialmente, las islas- se asocian a la crisis de vivienda.
Así se desprende de la última oleada del Barómetro del Alquiler, un informe publicado por la Fundación Alquiler Seguro en colaboración con investigadores de universidades públicas como la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y que, para el tercer trimestre de este año, describe un mercado que sigue perdiendo oferta a raudales. La previsión de esta entidad es que al cierre de 2026 nuestro país habrá perdido 7.705 inmuebles disponibles con respecto al año anterior, hecho que situará el parque residencial de arrendamientos ofertados en apenas 676.215 unidades, cifra que está muy lejos del millón que había allá por 2021.
Sin embargo, algo tiene Barcelona que la hace distinta, y no es otra cosa que el tope de precios que se aplica en esa provincia en virtud de la Ley de la Vivienda de 2023, que permite limitar los precios en las zonas consideradas tensionadas. Cataluña fue la región pionera en aplicar esta medida -empezó a hacerlo en marzo de 2024- y, por ello, sus resultados sirven de antecedente y simulacro de cara a la aplicación de este tipo de políticas en otras regiones.
Precisamente, la intención del Ejecutivo con la aprobación de los dos Reales Decretos de vivienda que decayeron en el Congreso el pasado 2 de octubre -hecho que llevó a la convocatoria electoral- era trasladar esa práctica intervencionista a todo el país.
Resulta relevante, por tanto, analizar el caso de Cataluña y, más específicamente, de Barcelona. En efecto, en esa ciudad los precios presentan variaciones muy contenidas e incluso descensos, pues en julio-septiembre de este año bajaron un 0,30% con respecto al trimestre inmediatamente anterior. Sin embargo, la Ciudad Condal y su provincia siguen en la parte alta de la tabla, con una media de 1.641 euros mensuales por arrendamiento, dato que solo se ve superado por el de Baleares (1.681 euros).
Completan este rango de precios elevados Guipúzcoa (1.481€), que mantiene un ligero descenso con un 0,27% con respecto al trimestre anterior (esa provincia también aplica el tope previsto en la Ley de la Vivienda); Vizcaya (1.308€); Málaga (1.316€), con un encarecimiento del 0,69% en comparación con el segundo trimestre de 2026; Santa Cruz de Tenerife (1.240€); Las Palmas (1.183€); Valencia (1.171€); Álava (1.034€); Navarra (1.027€) y Alicante (1.039€).
A nivel nacional, por su parte, en el tercer trimestre de este año la media de las rentas mensuales estuvo en los 1.214€, lo que representa un incremento anual del 2,27% respecto a los 1.187€ del mismo periodo de 2025.
Como ya se ha avanzado, la medida intervencionista en Barcelona ha logrado contener las alzas de precios, pero esto ha sido a costa de la retirada de miles de inmuebles del mercado por parte de propietarios que no quieren ver cómo se reduce el valor de su inversión. También sobre esto los datos son claros, pues Barcelona es la provincia que ha visto un mayor desplome de la oferta entre julio y septiembre de este año, con 6.584 unidades menos con respecto al cierre de 2025. De nuevo, se trata de una cifra muy abultada en comparación con el resto de regiones, pues el ránking de destrucción de oferta sigue con A Coruña (-1.923), Pontevedra (-1.873) y Cádiz (-1.631) en valores muy inferiores.