Este lunes Antonio Garamendi, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha inaugurado la Cumbre de Empresas españolas liderando el futuro, que reúne a los líderes empresariales de diversas compañías nacionales para tratar los retos que ha puesto sobre la mesa la crisis de la covid-19.
En la primera jornada han intervenido algunos de los empresarios más relevantes del país como la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, o el presidente de Inditex, Pablo Isla. Los discursos de todos los participantes han estado cargados de alusiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a las medidas que desde el empresariado piden al Ejecutivo para poder afrontar la «dura situación económica» que sucederá a la crisis sanitaria, tal y como ha destacado el presidente de Mercadona, Juan Roig.
Las grandes empresas, que facturan más de la mitad del Producto Interior Bruto (PIB) de nuestro país, reclaman al Gobierno mayor austeridad. «Un país no puede vivir siempre de la deuda. Tenemos que adaptar lo que gastamos a lo que gastamos», ha defendido Isla, teniendo en cuenta que este año se prevé que la deuda alcance el 115% del PIB como consecuencia de las políticas del Gobierno y la crisis originada por el coronavirus.
En esa misma idea también ha hecho hincapié el presidente de BBVA, Carlos Torres, que ha señalado que «España debe profundizar en el saneamiento de las cuentas» y ha defendido la necesidad de revisar el gasto, reducir el déficit estructural y aportar certidumbre sobre el compromiso con la estabilidad presupuestaria.
Los grandes empresarios españolas cuentan con una agenda muy distinta a la del Gobierno para la economía española. Se puede observar en que mientras Pablo Isla afirma que “tenemos que adaptar lo que gastamos a lo que tenemos” y que «un país no puede vivir siempre de la deuda», el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decía recientemente que «tendremos que endeudarnos y gastar más para proteger a muchos sectores».
Trabas burocráticas
Por otro lado, Juan Roig, presidente de Mercadona, propone que hay que “eliminar las trabas burocráticas» y Ana Botín, presidenta del Banco Santander, afirma que cualquier iniciativa política debe someterse a este examen: “¿Va a ayudar al tejido empresarial y a crear empleo? Si la respuesta no es rotunda, hay que replantearla”. En cambio Pedro Sánchez provocó que el déficit en 2019 cerrara en el 2,8%, lejos de los compromisos de Bruselas. Creció tres décimas en un año en el que la economía repuntó un 2%, lo que sin duda demuestra falta de austeridad y descontrol del gasto público.
José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, una entidad que tiene capital del Estado, avisa al Gobierno de que subir los impuestos a la banca es “muy contraproducente”. Sin embargo, la hoja de ruta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en consonancia con Pablo Iglesias, fía la recuperación de la salud de las arcas públicas a medidas como la tasa Tobin o la tasa a las empresas digitales, más conocida popularmente como ‘tasa Google’. El Ejecutivo olvida que crear estos impuestos implica menos inversiones. En todo caso, estos tributos los terminarán pagando los consumidores, los clientes. Es decir, el ciudadano de a pie.
Por su parte, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ha propuesto que hay que adelantar cinco años, a 2025, el plan de renovables del Gobierno, previsto para 2030. En definitiva, que los grandes empresarios son más ambiciosos que el propio Consejo de Ministros y piden medidas que fortalezcan la economía nacional, apuesten por la competitividad y permitan crear empleo, para lo que consideran imprescindible que haya flexibilidad en el mercado laboral.
Mientras tanto, durante los últimos meses lo que el Gobierno ha planteado es establecer el marco laboral más rígido de la democracia, subir los impuestos a las empresas y crear un Estado subsidiado. El último as en la manga es el ingreso mínimo vital, que se podrá cobrar a pesar de que el ciudadano esté trabajando. A estas alturas, el 31% de la población ocupada esté siendo mantenida con recursos del Estado, algo de lo que Pedro Sánchez ha sacado pecho en público pero que a largo plazo es insostenible.
Seguridad jurídica
Otro de los puntos en los que los empresarios coinciden es en la necesidad de establecer un marco jurídico seguro y estable para las empresas, ya que supone un factor decisivo para atraer inversiones a España. «Las inversiones y el empleo no se pueden conseguir sin asegurar que jurídicamente somos un país fiables», destacó el presidente de Naturgy, Francisco Reynés. Sin embargo durante el estado de alarma se ha podido comprobar como en temas como los ERTE o las ayudas para los autónomos el Gobierno cambiaba su agenda -publicando incluso varios BOEs al día-, generando una gran inseguridad jurídica a las compañías y lanzando un mensaje poco esperanzador a los que quieran invertir en la economía española en el futuro.
En esta idea también incidió el presidente de BBVA, Carlos Torres, que dijo que se necesita una fiscalidad eficiente que dé certidumbre sobre su compromiso con la estabilidad presupuestaria y sobre las reglas del juego a medio y largo plazo, dirigiendo las políticas públicas hacia el fomento de la iniciativa privada.
Uno de los factores que más ha perjudicado al país en las últimas semanas ha sido, por ejemplo, el posible pacto entre el PSOE y Bildu para derogar la reforma laboral actual, que permitió la creación de centenares de miles de empleo, como han destacado diversos informes de distintos organismos internacionales y servicios de estudios.
