Aagesen pretende pagar sólo los arbitrajes perdidos contra empresas no europeas y el resto estallan

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 06/06/2025 06:45
  • Actualizado: 06/06/2025 06:45

El Gobierno ha dado un giro de 90 grados a su estrategia sobre los impagos a los fondos extranjeros por el hachazo a las primas a las renovables y ha decidido por primera vez pagar un laudo a la japonesa JGC Holdings Corporation, que suma 31 millones de euros entre lo determinado por el tribunal de arbitraje del Banco Mundial en su sentencia de 2021 y los intereses devengados.

El laudo, gestionado por el fondo Blasket Renewable Investments, estaba en los tribunales de Estados Unidos, que ya han dejado claro que no les atañe lo que diga la Comisión sobre procesos judiciales en su país.

Este giro confirma lo que desde el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Sara Aagesen se ha transmitido a los fondos dueños de esa deuda durante las últimas conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo sobre una deuda que alcanza de momento los 1.500 millones de euros -más intereses-.

Aagesen ha apuntado a los fondos en esas reuniones privadas que el Gobierno pagará los laudos pero sólo a las empresas no europeas, basándose en la reciente decisión de la Comisión de considerar ayudas de Estado el pago de esos arbitrajes a empresas de la UE.

De acuerdo con las fuentes consultadas, si se cumple ese anuncio del departamento de Aagesen, del que ya se ha dado el primer paso pagando el laudo a la japonesa, España acabará abonando unos 500 millones de euros de la deuda total que todavía tiene, 1.500 millones euros más intereses, aunque siguen pendientes algunos arbitrajes todavía por alrededor de otros 1.500 millones, según calculan los fondos.

Sin embargo, este pequeño giro de la estrategia de Aagesen con los arbitrajes impagados por el hachazo a las renovables tampoco convence a los fondos internacionales dueños de la deuda. «Acabarán pagando todos los arbitrajes. Es un tema de jurisprudencias internacionales. Lo que diga la UE poco tiene que ver con lo que digan en tribunales de Australia, Reino Unido o Estados Unidos, como ya ha pasado en varios procesos. España firmó la Carta de la Energía, que es lo que sirve en estos casos», señalan fuentes de los fondos.

En efecto, diversos tribunales de Australia y Reino Unido ya han sentenciado contra España y los fondos pueden ya solicitar el embargo de bienes españoles en esos países, algo que tienen en stand by a la espera de llegar a un acuerdo con el Gobierno español que ponga fin a todos los procesos. En cuanto a Estados Unidos, los tribunales locales ya han dejado claro que lo que diga la Comisión Europea sobre ayudas de Estado no tiene prevalencia allí.

El origen de este conflicto se sitúa en 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas a las inversiones en energías renovables del 25%. El objetivo era expandir el uso de las energías verdes.

Cuando llegó al Ejecutivo Mariano Rajoy, y fruto de la grave crisis económica que heredó, decidió unilateralmente reducir esas primas a los inversores al 7%, lo que motivó una lluvia de arbitrajes ante el Banco Mundial de las empresas por cambiar las reglas del juego a mitad del partido y de forma unilateral.

Los laudos han llegado ya con Pedro Sánchez de presidente y Teresa Ribera en el Ministerio de Transición Ecológica, que decidió llevar adelante la estrategia de no pagar esos arbitrajes a la espera de que Bruselas dictaminara que eran ayudas de Estado. Aagesen ha heredado el problema y, ante las derrotas judiciales, ha decidido dar un giro de 90 grados a esa estrategia. Pero los fondos seguirán batallando hasta conseguir cobrar todos los laudos.