La remunicipalización de la gestión del agua genera dudas en empresarios y trabajadores

Un informe del Instituto Coordenadas que analiza la actividad de la Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid, Aquavall, señala que el primer año natural de gestión pública del agua en la ciudad de Valladolid se ha acabado convirtiendo en un sistema multiprivatizado del servicio.

Según este Instituto, «así lo demuestra el hecho de que, en 2018, se licitarán más de 40 contratos por un valor de 23,5 millones de euros para diferentes áreas de gestión, entre ellas alguna considerada clave para la ejecución del servicio, como el control de desbordamientos de la red de alcantarillas, reforma de infraestructuras, bombeos en la red, telelectura o servicio de atención al cliente».

En este sentido, afirma que la remunicipalización del servicio en realidad ha supuesto que se ha «troceado la gestión en un sinfín de privatizaciones a pequeña escala. Para hacerse cargo de la gestión directa del ciclo, Aquavall ha aumentado el número de proveedores y se ha producido una multiprivatización por la puerta de atrás».

Es precisamente este aspecto el que preocupa a Gustavo Vargas, responsable Estatal de Agua de FICA-UGT, que declaró a Servimedia que están en contra de procesos que impliquen la subcontratación de servicios públicos porque dificulta la acción sindical y precariza las condiciones laborales y salariales de los trabajadores.

Le preocupa que este tipo de modelos deriven en la externalización de servicios a pequeñas empresas a cuyos trabajadores es más difícil de defender, con el riesgo de que el trabajador de la antigua concesionaria quede a merced de vaivenes políticos

Por su parte, el director de Asuntos Económicos y Europeos de CEOE, Bernardo Aguilera, manifestó a esta agencia que el objetivo en la prestación de un servicio público siempre debe ser la calidad, en base a la eficiencia y la sostenibilidad, tanto económica como medioambiental.

A su juicio, el problema es que estos procesos de remunicipalización dejen a un lado esos objetivos y se construyan en base a debates ideológicos que no prioricen los intereses de los ciudadanos y que, incluso, generen inseguridad jurídica.

A este respecto, señaló que la Ley de Contratos del Sector Público de noviembre de 2017 establece las condiciones en las que deben realizarse estos procesos y que la Ley de Bases de Régimen Local deja claro que los servicios públicos deben gestionarse de la forma más eficiente y sostenible.

Aguilera indicó que esos objetivos se pueden conseguir mediante gestión directa e indirecta e insistió en que las empresas privadas han demostrado que logran significativos ahorros en la prestación de servicios como la gestión del agua o de residuos, que en aspectos de organización son más flexibles que el sector público y que en el ámbito laboral presentan índices de absentismo menores.

Maria Jesús Luengo, de la Cámara de Comercio de España, remarcó que defienden la colaboración público-privada en beneficio del servicio que se presta a los ciudadanos y que éstos reciben, y destacó que, en cualquier caso, en los procesos de remunicipalización “nos parece que los planteamientos ideológicos nunca pueden condicionar la gestión de servicios que deben regirse por cuestiones de eficiencia y calidad”.