Los funcionarios de prisiones acumulan 3.000 agresiones en 10 años y exigen 3.000 nuevas contrataciones

Los funcionarios de prisiones, aquellos encargados de velar por la seguridad y el control de presos en las cárceles españolas, están de enhorabuena… parcial. Tras mucha lucha, por fin firmarán, esta misma semana, un protocolo contra las agresiones. Sin embargo, los funcionarios explican a OKDIARIO que “esto es sólo un primer paso” y reivindican su ardua tarea: 3.000 agresiones en la última década y, pese a ello, 3.000 funcionarios menos.

Los presos que agredan a un funcionario de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, en virtud de un protocolo que será ratificado en la Mesa General de la Administración General del Estado, con el aval del Ministerio del Interior y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en este ámbito.

Las denuncias de CSIF por los episodios de violencia en las cárceles y el déficit en medios personales y materiales han dado fruto y el protocolo en las prisiones será esta misma semana una realidad. José Manuel Couso, portavoz de prisiones de CSIF, ha explicado a OKDIARIO que consideran que es “un buen punto de inicio para intentar prevenir las agresiones”.

Una de las medidas que se han tomado es la de considerar a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad. Algo positivo, según explican desde CSIF, no sólo por la sanción (ya que los cuatro años serían sólo la máxima sanción aplicable, y no por ello cumplirían la pena íntegra en caso de agresión), sino “por lo que legalmente supone que seamos considerados agentes de autoridad, como la veracidad en cualquier actuación que hagamos, nos sentimos bastante más amparados”.

“Durante los últimos años las agresiones han ido incrementándose mucho»

La principal novedad de este documento, según una nota emitida por CSIF, es la voluntad del Gobierno de “reforzar y proteger específicamente el ámbito de autoridad que ejercen los funcionarios de los Cuerpos Penitenciarios”. Y es que, insistimos, se les reconocerá de manera expresa la condición de autoridad pública, tal y como sucedió en la reforma del Código Penal de 2015 con las agresiones a sanitarios y docenes, que conllevan hasta cuatro años de cárcel.

300 agresiones al año

Actualmente, prestan servicio en Instituciones Penitenciarias más de 23.000 empleados públicos, entre personal funcionario y laboral, destinándose más de 15.000 a tareas propias de vigilancia, incluido garantizar el orden y la seguridad interior de los centros penitenciarios. Una seguridad, que va a menos: “Durante los últimos años las agresiones han ido incrementándose mucho, y ahora se abordarán desde un punto de vista de prevención de riesgos de salud laboral, con lo que por ahí también tenemos buenos avances”.

“En los últimos 10 años hemos recibido un total de 3.000 agresiones”, señalan desde CSIF, desde donde se quejan, también, de la edad media de los trabajadores de prisiones: “Más de la mitad pasamos de los 50 y las jubilaciones son peligrosas”.

“Como no se tomen medidas ya, de aquí a cuatro años las prisiones españolas van a crear muchos quebraderos de cabeza”, advierten desde el sindicato, desde el que explican que, pese a la alta probabilidad de ser agredido, apenas cobran “1.500 euros al mes”.

Pero no es el sueldo lo que les importa, sino su seguridad. Tanto es así, que prefieren olvidarse de ascensos en el corto plazo, para centrarse en mejorar su seguridad laboral: “Llevamos mucho tiempo pidiendo una subida salarial, pero consideramos mucho más importante nuestra propia seguridad laboral”.

“Como no se tomen medidas ya, de aquí a cuatro años las prisiones españolas van a crear muchos quebraderos de cabeza”

“Queremos que el dinero que se puedan gastar en subidas salariales para nosotros lo inviertan en contratar a más funcionarios y en mejorar las medidas de seguridad”, insiste el portavoz de los funcionarios de prisiones a este periódico.

“Hay momentos que son delicadísimos, sobre todo cuando hay aglomeración de internos. Cuando hay que subir o bajar a los presos de sus celdas, como en el tiempo de comedor o el reparto de comida, y sobre todo, los presos peligrosos que se encuentran en aislamiento suelen intentar agredir a otros internos y a funcionarios cuando se procede a la apertura para sacarlos al patio, o cuando se tiene que ir a cualquier sitio, como una visita. Son los momentos más delicados”, advierte Couso.

Contentos con el nuevo protocolo

“Hasta este momento cuando había una agresión no había un protocolo específico, sino que se trataba como un accidente de trabajo más. A partir de ahora, por suerte, se implementarán una serie de medidas distintas; pero hasta ahora, no había apoyo psicológico, ni asesoramiento jurídico para poner una denuncia y otra serie de cuestiones que por fin van a quedar solucionadas tras la firma del protocolo”, subrayan desde CSIF, desde donde entienden que el protocolo es un primer paso, pero hay mucho más que hacer: “Es un paso inicial, y se ha hecho una comisión de seguimiento que vigilará más cosas, una serie de cuestiones”.

Este protocolo también contempla la creación de un registro específico de agresiones, la elaboración de un plan de formación para la prevención y respuesta ante situaciones de riesgo, así como medidas de apoyo jurídico y psicológico a los empleados públicos penitenciarios que sufran una agresión.

En todo caso, CSIF va a mantener la presión con concentraciones en centros penitenciarios de toda España, que comenzarán el próximo 31 de mayo, para acelerar la puesta en marcha del Protocolo y para reivindicar mejoras en las condiciones laborales.

Según datos recabados por CSIF del Registro Central de Personal, casi la mitad de la plantilla, un total 10.537 personas, tiene más de 50 años y, por tanto, se jubilará a lo largo de los próximos 10-15 años (el personal funcionario tiene posibilidad de acogerse a la jubilación a los 60). De estos, 1.130 personas tienen más de 60 y por tanto se jubilarán de manera inminente. Además, en los últimos 3 años, se ha producido una merma de 904 efectivos (en la actualidad, hay 23.439 funcionarios, frente a los 24.343 que había en enero de 2013).

“Nosotros queremos que se haga una Oferta de Empleo Público. Somos considerados un colectivo de especial relevancia y por eso en los próximos años se van a cubrir la totalidad de las bajas vegetativas, es decir, todas las bajas que se produzcan. Pero, para que se hagan una idea, a día de hoy arrastramos un déficit de 3.000 funcionarios en el sector penitenciario, es decir, que en las cárceles españolas tendrían que estar trabajando 3.000 personas más”, explica a OKDIARIO José Manuel Couso.