El TSJ fulmina la pretensión de la catalanista Escola de paralizar los títulos de valenciano de Mazón
Deniega a Escola Valenciana la suspensión cautelar de la emisión de los certificados del Gobierno valenciano
El Alto Tribunal impone las costas por valor de 200 € a la Fundación Escola Valenciana
La Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado la pretensión de la catalanista Fundación Escola Valenciana de paralizar cautelarmente la entrega por parte de la Generalitat de las titulaciones obtenidas desde 2008 por los estudiantes de los diferentes niveles de valenciano.
La entrega de las titulaciones de valenciano por quienes las han obtenido con sus estudios es una iniciativa impulsada por el presidente del Gobierno valenciano Carlos Mazón. La Generalitat puso en marcha la medida a través de la Conselleria de Educación, que dirige José Antonio Rovira, en septiembre de 2024. Y fue posible sobre las bases de la nueva Ley de Libertad Educativa valenciana.
En su auto de este 20 de enero, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Alto Tribunal ha impuesto también a la Fundación Escola Valenciana las costas por valor de 200 euros.
En septiembre de este 2024, Carlos Mazón anunció la puesta a disposición de más de 300.000 personas de los títulos que certificaban su nivel de valenciano y que podían descargarse desde la página web de la propia Generalitat.
Un mes más tarde, a inicios de octubre de este 2024, Escola Valenciana decidió llevar el caso a los tribunales e interpuso ante el TSJ un recurso recurso contencioso administrativo contra la resolución de 26 de septiembre de 2024, de la Conselleria de Educación valenciana. Además, solicitó como medida cautelar la suspensión de la resolución recurrida. Esto es, de la expedición de los títulos que certificaban el nivel de conocimiento del valenciano de quienes los habían obtenido.
Ahora, en un auto fechado este 20 de enero, el Alto Tribunal sentencia que «la medida cautelar de suspensión no puede ser acogida , por la no concurrencia de los requisitos necesarios para su adopción».
La Sala entiende, y así lo refleja en el auto, que «la mera expedición de certificados no puede entenderse que ocasionen perjuicio alguno». Y agrega que «en todo caso, los perjuicios irreparables deben recaer sobre el favorecido por la suspensión, y en este caso no se produce».
Por todo ello, el Alto Tribunal entiende que «no ha lugar a la adopción de la medida cautelar instada por la Fundación Escola Valenciana» y realiza un «expresa imposición de costas» por 200 euros a la entidad recurrente. En este caso, Escola Valenciana. La resolución no es firme y cabe recurso de reposición.
Se da la circusntacia de que entre los años 2016 a 2021, el Gobierno del socialista Ximo Puig concedió a Escola Valenciana 990.000 euros. Ya con el Gobierno del citado Ximo Puig en funciones, este 2024, la Consejería de Educación, responsabilidad entonces de Raquel Tamarit (Compromís) otorgó otros 100.000 euros Escola Valenciana. Incluso el entonces alcalde de Valencia Joan Ribó, también de Compromís, promovió, la semana antes de los comicios municipales y autonómicos, otra subvención de otros 25.000 euros. También, para Escola Valenciana.
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