La presidenta de la Diputación de Castellón exige una moratoria frente al ‘basurazo’ de Sánchez

• Ignacio Martínez
• CASTELLÓN
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 18/10/2024 06:52
  • Actualizado: 18/10/2024 06:52

La presidenta de la Diputación de Castellón, la popular Marta Barrachina, se ha puesto al frente del rechazo municipal que en esa misma provincia ha generado lo que ya se conoce como el basurazo de Sánchez. Una medida recaudatoria a la que Barrachina y muchos alcaldes se oponen porque encarecerá, hasta cuadriplicar en algunos casos según la propia Marta Barrachina, ese gravamen a los vecinos de cada ciudad, municipio, aldea o diseminado. Ya sean parados u ocupados, trabajadores o autónomos, industrias o pymes.

Por ello, Marta Barrachina solicitará al Pleno de la Diputación de Castellón este martes exigir a Sánchez una moratoria a la entrada en vigor del basurazo. Lo hará a través de una moción presentada ante ese mismo pleno y que saldrá adelante porque ya tiene garantizados todos los votos del PP, que cuenta con mayoría absoluta en la institución.

El Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez obligará a cobrar a los ayuntamientos ese dinero en virtud de la conocida como ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

No es la primera vez que Marta Barrachina se pone al frente de una reivindicación clave para el municipalismo. Ella ya fue pionera en plantarse frente a la financiación singular de Sánchez a Cataluña, tal como en su día publicó OKDIARIO.

Lo que se conoce como el basurazo de Sánchez comenzará a aplicarse el 20 de abril de 2025, según las fuentes consultadas. Pero debe ser obligatoriamente aprobado por todos los ayuntamientos de España antes de final de año. El motivo de ello es que el 1 de enero de ese 2025 sale el nuevo padrón. Y la norma que regula la tasa de basuras y que acompañará a ese documento debe estar actualizada con efectos de esa misma fecha.

Frente a ello, Marta Barrachina llevará este martes 22 de octubre al Pleno de la institución provincial, una moción en la que se exige al Gobierno de Pedro Sánchez una moratoria. Y, además, se muestra el rechazo de la Diputación de Castellón a que el coste total de la nueva tasa de basuras «que impone el Gobierno» recaiga directamente sobre los ciudadanos.

En la moción, se exige al Gobierno de España que se replantee unos métodos que sean más flexibles en la transición al nuevo modelo y que se presten ayudas e instrumentos financieros a los ayuntamientos para que el ciudadano no cargue íntegramente con el coste del incremento de la tasa.

Además, en su calidad de presidenta del PP de la provincia de Castellón, Marta Barrachina ha liderado también la presentación de otra moción por parte de los grupos populares de todos y cada uno de los 135 municipios de esa misma provincia para que esos mismos grupos insten a sus alcaldes a solicitar igualmente una moratoria al basurazo de Sánchez.

La presidenta de la Diputación de Castellón ha recordado que «son muchos» los ayuntamientos que ya «han clamado contra esa nueva tasa» que, para Marta Barrachina, pretende «incrementar la presión fiscal sobre la ciudadanía» y que, en algunos casos, «puede cuadruplicar los recibos que están pagando actualmente».

Ante el impacto que previsiblemente provocará el basurazo de Sánchez a los ciudadanos, muchos ayuntamientos se han decidido a bajar otros impuestos como el de Bienes Inmuebles, lo que se conoce como el IBI, para compensar el enorme gasto que supondrá el incremento de las basuras para las economías domésticas.

Este jueves, el secretario general del PP provincial de Castellón, Salvador Aguilella, ha defendido que la tasa de basuras es «otro ataque» a la provincia de Castellón «frente al que nos revelamos». Y ha recordado algo importante: «Europa recomienda reciclar, no poner castigos».

Para entender exactamente que supondrá ese exponencial incremento de la tasa de basuras, baste decir que en Alcorcón, en Madrid, según ha publicado OKDIARIO, una pareja con dos hijos tendrá que pagar a partir de 2025 casi 600 euros por el basurazo de Sánchez.