Mazón mejora el complemento autonómico a 5.774 trabajadores de Justicia congelado 7 años con Ximo Puig

El Gobierno valenciano de Carlos Mazón pondrá fin a la histórica congelación del Complemento Autonómico Transitorio (CAT) de los funcionarios de Justicia valencianos estancado desde 2016. O, lo que es lo mismo, durante siete de los ocho años en que el Ejecutivo valenciano de izquierdas encabezado por Ximo Puig estuvo al frente de la Generalitat. 

En concreto, el CAT valenciano ha estado congelado por la Generalitat durante siete de los ocho años en que Gabriela Bravo ha sido consellera de Justicia. Es decir, casi todo el periodo de tiempo en que el socialista Ximo Puig ha presidido el Gobierno de la Generalitat Valenciana. Tras el cambio del Ejecutivo autonómico, producido después de las Elecciones Autonómicas de mayo de 2023, Gabriela Bravo pasó a ser vicepresidenta de las Cortes Valencianas, cargo al que ahora renuncia para volver a la judicatura.

La nueva consellera de Justicia es Nuria Martínez Sanchís. Este lunes, el Consell ha trasladado a la Mesa Sectorial de Justicia que destinará cinco millones de euros para mejorar los sueldos de un total de 5.774 empleados de esa misma Administración de Justicia. De este modo, el Ejecutivo de Mazón revertirá una situación que el propio presidente valenciano ha calificado de «injusticia» desde 2016.

En concreto, los incrementos anuales serán de 784,56 euros en el caso de los médicos forenses y de los gestores. De 745,32 euros para los tramitadores. Y de 706,08 euros para los integrantes del grupo de auxilio judicial.

Con esta medida, el Gobierno valenciano da cumplimiento al acuerdo alcanzado en diciembre de 2023. Ese acuerdo establecía que, siempre que lo permitiesen las disponibilidades presupuestarias, se llevaría a cabo un análisis del complemento autonómico transitorio para posibilitar su incremento en el transcurso de la presente legislatura.

Mazón ha destacado el esfuerzo de la Generalitat Valenciana para dar cumplimiento a este acuerdo «a pesar de los gastos sobrevenidos para reparar infraestructuras judiciales dañadas por la riada», en clara referencia a la DANA, como para la implantación de la ley orgánica de eficiencia del servicio público de Justicia, «que el Gobierno no ha acompañado de medida financiera alguna», según ha denunciado también Carlos Mazón.

La Comunidad Valenciana es, en la actualidad, la tercera autonomía de España por asuntos registrados en Justicia y por órganos judiciales, pero la última en cuanto a cuantía del complemento autonómico transitorio. Precisamente, es para paliar esta situación para lo que el Gobierno valenciano destina esos cinco millones de euros a la mejora de ese concepto retributivo.