La juez da 5 días al ayuntamiento para aportar los correos de las VPP de Alicante pedidos el 23 de mayo

La instructora del caso del escándalo de las viviendas de protección pública (VPP) de Alicante, María Amparo Rubio, ha reclamado al Ayuntamiento de Alicante, a través de una providencia de este jueves 11 de junio, que en el plazo de cinco días le entregue los correos electrónicos que le solicitó por vez primera el pasado 23 de mayo, una parte de los cuales aún no le ha sido entregada.

El escándalo de las VPP de Alicante, que ha dado la vuelta a España, estalló tras destaparse que la entonces concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, y dos hijos de la también entonces directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del mismo Consistorio, María Pérez-Hickman, no solo habían adquirido, sino que además escrituraron, un total de tres pisos de promoción pública en la Urbanización Les Naus, en la turística Playa San Juan.

A esos casos han seguido otros sobre adjudicatarios de esa misma urbanización. Uno de ellos, el de una arquitecta municipal, cuyo marido, un funcionario aupado por Compromís bajo el Gobierno del socialista Ximo Puig, validó la documentación presentada por su propia mujer para acceder a una vivienda en Les Naus, o el hecho de que aparezca como adjudicataria quien fuera una de las delegadas territoriales de la Consellería que lideraba el hoy ministro de Hacienda, Arcadi España.

Esos correos electrónicos que ahora reclama insistentemente la juez son los que dos acusaciones particulares personadas manifestaron que iban a solicitar el pasado 20 de mayo para que la magistrada los pidiera, a su vez, al Ayuntamiento. Se trata, en concreto, de los remitidos al vicesecretario por la jefa del servicio municipal de Gestión Patrimonial, Paloma Romero, que declaró ese mismo día en calidad de testigo, con los borradores de los informes en que se mencionaban los cargos y familiares que habían resultado adjudicatarios de las VPP. El objeto de esa iniciativa era conocer si en los citados borradores se encuentran los nombres de esos cargos y responsables que no aparecían en el informe final.

Los correos remitidos por el Servicio de Gestión Patrimonial a la vicesecretaría en el periodo comprendido entre el 15 y el 31 de enero de este año 2026 en relación con este caso fueron solicitados por primera vez por la juez el pasado 23 de mayo. Pero el Grupo Socialista en el Consistorio alertó de que el Ayuntamiento solo había enviado a la juez los correos comprendidos entre el 26 y el 31 de enero. Y no de los 11 días anteriores. Ahora, la instructora reitera el «requerimiento» para que sea aportada la documentación completa que solicitó por vez primera hace ya 21 días.

No es la primera vez que la juez se ve obligada a reiterar e incluso tomar medidas en sus peticiones de documentación sobre el caso de las VPP de Alicante al Ayuntamiento. Tal como publicó OKDIARIO el pasado 29 de mayo, la instructora tuvo que dictar una providencia en la que ordenaba remitir un oficio a la Unidad Adscrita de la Policía Nacional para que se persone en las dependencias de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alicante e identificase a su responsable y le requiriera para que en el plazo «improrrogable» de cinco días aportase los documentos que le fueron solicitados en su día «bajo apercibimiento de que en caso de nuevo incumplimiento el responsable de tales servicios jurídicos incurriría en un delito de desobediencia previsto en el artículo 556 del Código Penal». La documentación fue solicitada por la magistrada a través de sendos requerimientos este mismo mes de mayo. Pero el plazo establecido por la juez se cumplió. Y los documentos no habían llegado entonces al juzgado.