El Gobierno de Sánchez niega toda la documentación a la comisión de la DANA de las Cortes Valencianas

El Gobierno de España ha negado todos los documentos solicitados por la comisión de investigación de la DANA en las Cortes Valencianas. Así, lo ha comunicado a la Presidencia de la Cámara a través de un escrito firmado por la delegada del Ejecutivo en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, al que ha tenido acceso OKDIARIO. Con esta decisión, de facto, el Gobierno niega a las Cortes Valencianas toda la información acerca de la riada pedida por la Cámara y que depende del sector público estatal. Es decir, que cualquier información reclamada por la comisión de investigación y que dependa del Ejecutivo para dar luz a sus responsabilidades en la DANA queda en un fundido en negro. Así, mientras el Gobierno de Sánchez ha reclamado en varias ocasiones transparencia sobre lo ocurrido en la riada se da la circunstancia de que ese mismo Ejecutivo rechaza entregar su documentación que puede arrojar luz sobre lo sucedido ese día.

De ese escrito de Pilar Bernabé a la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, se desprende también que el Ejecutivo de Pedro Sánchez rechazará cualquier petición de comparecencia ante esa misma comisión de investigación tanto de los miembros del propio Gobierno como de las agencias que dependen del mismo. En principio, la comisión de investigación de las Cortes Valencianas tenía previsto llamar a comparecer a Pedro Sánchez, entre otros.

La comisión de investigación se queda pues sin acceso a documentos que consideraba esenciales en torno a los cortes de carreteras, a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a la Agencia Española de Meteorología (AEMET), a los distintos Ministerios e incluso a Tragsa. Todo ello clave para que el análisis de la citada comisión sobre los sucesos de aquel trágico 29 de octubre de 2024.

El documento remitido a la Cámara legislativa autonómica valenciana está firmado, como se ha dicho, por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Y, en su párrafo final, tras menciones anteriores en otro párrafo a sentencias del Tribunal Constitucional, una de ellas de hace 34 años (1991), concluye que «la solicitud de información o documentos a la Administración General del Estado, así como el conjunto de entes que conforman el sector público estatal, en tanto instrumento de control político, corresponde exclusivamente a las Cortes Generales».

En su escrito, Pilar Bernabé manifiesta que «las facultades de control político de la Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma se circunscriben a la actuación en su ámbito competencial de las autoridades y funcionarios de la Comunidad Autónoma (…) sin que sea posible que mediante esa facultad los parlamentarios autonómicos, invocando alguna relación de la información o documentos solicitados con los intereses o competencias autonómicas, puedan ejercer un control directo o indirecto de los órganos y autoridades del Estado».

Añade el escrito de la delegada de Gobierno en la Comunidad Valenciana que «los preceptos de los reglamentos de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, que contemplan la posibilidad de solicitar información a la Administración General del Estado, deben interpretarse de acuerdo con la Constitución española y el respectivo bloque de constitucionalidad, porque tal requerimiento de información es inseparable de las facultades de control que aquellas cámaras tienen atribuidas».