La Generalitat Valenciana denuncia al Júcar ante la Fiscalía por residuos y vertidos junto al Poyo

La Generalitat Valenciana ha formalizado sendas denuncias ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia por lo que considera «mala praxis» de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en la gestión de residuos e incumplimiento de la normativa vigente. La Generalitat ha presentado las citadas denuncias para que sean investigadas por el fiscal tras detectar vertidos de residuos y de más de 301 vehículos afectados por la DANA de este 29 de octubre, abandonados en la rambla del barranco del Poyo.

Así, lo ha avanzado este miércoles el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida. En concreto, Raúl Mérida ha explicado que las denuncias han sido presentadas después de que escasamente 24 horas antes, este martes, el Pleno del Gobierno valenciano tomara también conocimiento de la denuncia presentada por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) a causa del vertido y tratamiento de residuos que el Júcar realiza y el abandono de los citados vehículos junto al Poyo. En concreto, en el término de la localidad de Ribarroja del Turia, también en Valencia.

Los hechos que han servido de base a las citadas denuncias han sido detectados durante los trabajos del recuperación del cauce tras la DANA. Y después de que la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental tuviera conocimiento de tres informes de los Agentes Medioambientales de la propia Generalitat Valenciana en los que según ha explicado Raúl Mérida, se ha podido «constatar» que los residuos que la riada ha dejado al descubierto en zona de cauce «están siendo trasladados desde el propio cauce a la parcela contigua». Y que ese traslado se efectúa «sin ningún tipo de tratamiento ni acondicionamiento del terreno». «Incumpliendo la normativa», según ha asegurado.

Los residuos a los que Raúl Mérida hace referencia son, según la propia Generalitat Valenciana, plásticos, ruedas, textiles y maderas, que a su vez están siendo «vertidos y enterradas» en esa parcela, de una superficie en torno a las 7 hectáreas.

Raúl Mérida ha explicado que frente a estas «malas prácticas de la CHJ», el Gobierno valenciano trabaja «desde los primeros día» para que la gestión de toneladas de residuos «se haga de acuerdo con la normativa. Y que con ese fin ha puesto en marcha un contrato de 180 millones de euros.

Pero, además, Raúl Merida ha explicado también que otro equipo de agentes medioambientales había verificado en un informe que en otra parcela, también del término de Ribarroja del Turia, había 217 vehículos afectados por las inundaciones, «acumulados en diversos puntos de acopio». Lo que se une, además, a otra inspección en que han aparecido otros 84 vehículos abandonados. Y ha advertido que todos esos vehículos deben tratarse «de acuerdo con la normativa», del mismo modo que se ha hecho en el plan conjunto de la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos, que gestiona la retirada de otros 130.000 vehículos.

El secretario autonómico ha recordado que, de acuerdo a la disposición décima del Real Decreto Ley 8/2024, la responsabilidad de la retirada depende de la ubicación de los propios vehículos. Y ha explicado que el Júcar debía haberse encargado de los que se encuentran en los cauces, la Generalitat Valenciana de los hallados en vías autonómicas y los ayuntamientos, de los situados en parcelas municipales.

Los propietarios de esos vehículos podían retirarlos antes del 28 de este mes de febrero. pero, a partir de ese día, pasaban a considerarse vehículos abandonados. Y tenían que ser trasladados a centros gestores para su tratamiento y para que llevara a cabo la baja definitiva.

El secretario autonómico ha verbalizado también que la situación no sólo «puede afectar a nuestro entorno», sino que además deja en «absoluto desamparo» a los propietarios de esos 301 vehículos, porque siete meses después de la tragedia, esta circunstancia les impide tramitar las ayudas por haber perdido sus bienes.

La Confederación Hidrográfica del Júcar es un organismo que depende del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España, dirigido por Sara Aagesen, que relevó en el cargo a Teresa Ribera el 25 de noviembre de 2024. Cuando había transcurrido menos de un mes después de la DANA.