La defensa de Zaplana tilda a la Policía Judicial de ‘Erial’ de «propia de un régimen anterior al 78»

La defensa del ex presidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana en el denominado caso Erial ha tildado este miércoles de «antigua» a la Policía Judicial de este mismo caso. De ella, ha añadido que es «propia» de un régimen «anterior al 78».

Se da la circunstancia de que el 6 de diciembre de 1978 es la fecha en que se aprobó en referéndum la Constitución española, tras la derogación de las Leyes Fundamentales del Estado franquista.

El caso Erial es en el que se investiga el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunidad Valenciana. El fraude está cuantificado en más de 20 millones de euros. El juicio de esta caso, en que está imputado el ex presidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana junto a más de una decena de acusados, se celebra en la Audiencia Provincial de Valencia.

En la sesión de este miércoles, y en su informe de defensa, Javier Campos, el abogado de Eduardo Zaplana ha destacado que la verdad «no puede ser hallada a cualquier precio», en referencia a lo «importantísimo» que resulta defender las garantías. Javier campos ha mostrado, además, su preocupación por «un modelo de instrucción y de policía moderna que nos parece peligroso y preocupante».

En concreto, ha manifestado que «la Policía Judicial que hemos tenido aquí tampoco creemos que sea moderna, sino antigua. Propia de un régimen anterior a 1978».

Además, ha tildado también de «preocupante» la tendencia en «algunas» formas de investigación: «No hay que buscar atajos para luchar contra la corrupción ni inventos ni soluciones rápidas que determinan una rebaja de las garantías. En justicia penal, el fin no justifica los medios. El fin no es el éxito sobre el enemigo sino la verdad procesal obtenida con respecto a las garantías», ha insistido según EP.

Finalmente, ha lamentado, también, la gran cantidad de autos secretos que han sido dictados en el transcurso del procedimiento, lo que según ha dicho «ha mermado» el derecho a la defensa.

También, ha criticado que la prisión provisional se utilizara como «una finalidad espúrea» para «presionar a las personas en prisión con el objetivo de que dijeran dónde estaba el dinero».

Y ha agregado que «hasta que apareció, no se decretó la libertad», con lo que según el letrado «no se protegía el riesgo de fuga o la destrucción de pruebas, sino que se estaba esperando a ver si se rendían y decían dónde estaba el dinero».