Comunidad Valenciana vs Países Catalanes: el PP obliga a Puig, Oltra y Podemos a retratarse

Elena Bastidas, del PP valenciano.
Mónica Oltra
Ignacio Martínez

Comunidad Valenciana vs Países Catalanes: el PP obliga a Puig, Oltra y Podemos a retratarse. Reclama que las Cortes Valencianas insten al Senado a rectificar y usar Comunidad Valenciana, único nombre de este territorio. El Partido Popular no se rinde.

En las últimas semanas, los populares han abierto un procedimiento para que los senadores de todo el territorio español mencionen como ‘Comunitat Valenciana’ a cualquier iniciativa en la que se nombre o tenga por objeto el territorio valenciano. Reclaman que, si sus señorías utilizan cualquier otra denominación (Valencia, País Valenciano o Países Catalanes) esas iniciativas no sean tramitadas por la Mesa de la Cámara Alta.

Hasta en dos ocasiones, esa iniciativa ha sido rechazada por la Mesa del Senado con los votos de Partido socialista y PNV, con el agravante de que uno de los votos socialistas fue el emitido, las dos veces, por la presidenta del PSOE de Sánchez: Cristina Narbona, con todo lo que ello significa. Ahora, el PP ha puesto en marcha una nueva estrategia: quiere que sean las Cortes Valencianas las que insten al Senado a rectificar la decisión de la Mesa. Y, para ello, han presentado una Proposición No de Ley ante las Cortes Valencianas, que obliga a retratarse a Puig, Oltra y Podemos.

La iniciativa popular va muy en serio: está presentada por la síndica portavoz y la síndica portavoz adjunta: María José Catalá y Elena Bastidas. Esta última es la diputada que llevó a Europa el caso de los centros de menores en la Comunidad Valenciana que desembocó en la decisión del Parlamento Europeo de investigar la gestión de Oltra en esos centros. En concreto, el PP reclama que las Cortes Valencianas insten al Senado a respetar, en todas sus actuaciones y decisiones, el artículo 145.1 de la Constitución. Ese artículo prohíbe la federación de Comunidades Autónomas. Y piden también el respeto en todas las decisiones y actuaciones del Senado al Articulo 1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que establece la denominación exacta (‘Comunitat Valenciana’) del territorio que engloba a la Autonomía Valenciana.

Exigen que la Cámara Alta no acepte ninguna denominación distinta a la estatutaria ni tampoco que incluya a la Comunidad valenciana en los inexistentes Países Catalanes «dada su inconstitucionalidad». Piden, también, que el Senado rectifique la desestimación del Grupo Popular de esa Cámara en ese mismo sentido y que se dé cuenta del grado de cumplimiento de la resolución en el plazo de un mes.

Esta Proposición No de Ley debe votarse en las Cortes Valencianas y, en consecuencia, obligará a retratarse a la izquierda valenciana. Es decir, al denominado ‘Gobierno del Botánico’, que conforman PSOE, Compromís y Podemos. No es la última carta que jugará el PP en esta partida. Sus senadores mantienen abierta la puerta a la vía judicial. E irán a ella si es necesario. Pero sí es la evidencia de que el PP no va a ceder ni un milímetro en esta pugna: o Comunidad Valenciana, o nada.

Los frentes abiertos en la cuestión lingüística y territorial son diversos. Todos han entendido que de lo que ocurra en estos meses depende el futuro de la Comunidad Valenciana. Ayer, el Grupo Municipal Popular de Valencia denunció que el alcalde de la ciudad Joan Ribó (Compromís) había introducido ‘a dedo’ una partida en los presupuestos locales para conceder 25.000 euros a una entidad catalanista, Plataforma per la Llengua, que ha promovido una web para denunciar a los docentes que no hablan catalán en las universidades y que ha elaborado adhesivos para marcar a los comercios que se resisten a utilizar el valenciano. Entendían que esa partida incumplía el principio de concurrencia. Es decir, que podían existir otras asociaciones y colectivos que, de haber conocido que tenían posibilidad de acceder a esa ayuda, hubieran optado a ella. El PP ha solicitado un informe jurídico municipal antes de votar los presupuestos municipales. Senado, Cortes Valencianas y Ayuntamiento de Valencia. El problema ha llegado ya a casi todas las instancias posibles. En las Cortes Valencianas, la iniciativa irá al Pleno de la próxima semana.

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