Un juez da la razón a la familia que se enfrentó a la inmersión lingüística en catalán de Illa

Una familia consigue que la Justicia le dé la razón y obligue al Govern de la Generalitat de Salvador Illa a impartir clases en castellano en varios grupos de un centro de la comarca del Garraf, en Barcelona, donde estudian sus hijos. Lo tendrá que hacer en «una o unas materias, asignaturas, áreas o concepto equivalente que, por su importancia en el conjunto del currículo y su carga lectiva, puedan ser consideradas como principales», además de en la asignatura de Lengua castellana. Es la primera sentencia que el Ejecutivo de la comunidad pierde tras mantener la inmersión lingüística en catalán del independentismo.

Se trata de una medida cautelar que ha concedido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por primera vez, un magistrado obliga al Ejecutivo autonómico a permitir la enseñanza en las dos lenguas cooficiales. De esta forma, se constata que Illa sigue permitiendo el modelo de inmersión lingüística en catalán del independentismo. Así lo ha denunciado la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) este lunes.

La familia se quejaba de que el catalán es la lengua vehicular en el centro en el que estudian sus hijos y que el castellano se usa «exclusivamente para la asignatura de Lengua castellana». También denuncian que se da «preferencia a unas lenguas respecto a otras».

De esta forma, lamentan que sus hijos se están educando en un modelo de «inmersión exclusivamente en catalán». Detallan que incluso no hay una maestra que sea especialista en castellano para dar la materia de Lengua.

Por su parte, la Generalitat alegó que se basaron en «criterios exclusivamente pedagógicos» y que dependerán de «la singularidad de cada centro educativo». También alega que los alumnos catalanes salen de la educación primaria con «un nivel de conocimiento del castellano equiparable a los que han cursado sus estudios en otras comunidades autónomas».

«Garantizar una presencia mínima»

Por otro lado, el Ejecutivo de Illa aseguraba que tendría que perjudicarse a todos los alumnos que compartan aula con los hijos de la familia que pide educación en castellano. Por eso, creía que «la ponderación de intereses en conflicto obliga a garantizar los intereses del resto de alumnos», algo a lo que el Govern se muestra contrario.

La sentencia recuerda que, para aplicar correctamente la Constitución y con las leyes autonómicas y estatales, puede llegar a ser necesaria la «la adopción de las medidas oportunas» para «garantizar la presencia mínima de la lengua castellana». Y estas decisiones pueden ser cautelares, como es el caso de esta familia, o a través de una sentencia definitiva.

Por otro lado, la Generalitat trata de zafarse de la obligación de impartir más clases en castellano en ese colegio alegando que la familia pide esa lengua en «materias» y «asignaturas», pero que el currículum educativo ya no se divide en ellas, sino en competéncies y eixos, es decir, competencias y ejes. Por tanto, argumentan que es «imposible» aplicar las exigencias de la familia.

Sin embargo, el magistrado subraya que «independientemente de la terminología», la petición de la familia «debe adoptarse». Es decir, que se impartan en castellano las «materias, asignaturas, áreas o concepto equivalente» que por su carga lectiva «puedan ser consideradas como principales».