Castilla y León
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PP y Vox registran la «Ley de Concordia» en Castilla y León que condena los crímenes de la II República

La Ley abarcará el periodo comprendido entre 1931 y 1978

El Partido Popular y Vox en Castilla y León han registrado este martes la Ley de Concordia, una nueva norma autonómica que condena los crímenes cometidos en España desde el año 1931 al 1978. De esta forma ambas formaciones han acordado incluir los asesinatos en masa perpetrados por la II República y no sólo los que se llevaron a cabo en el bando nacional durante la Guerra Civil o los ejecutados por la dictadura de Francisco Franco. Además, esta ley dará cobertura a las víctimas que el terrorismo haya producido en este periodo histórico.

Así lo han anunciado el portavoz del Grupo Popular en las cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz Quintano, y el portavoz de Vox en el parlamento castellanoleonés, Carlos Menéndez Blanco, quienes han expresado que esta norma deroga el decreto de memoria histórica y democrática de 2018 de Castilla y León. Ahora bien, al ser una ley autonómica no deroga la ley estatal sobre memoria democrática pero tampoco la desarrolla.

Concretamente, esta Proposición de Ley engloba un total de cuatro títulos, veinte artículos, una disposición adicional, una transitoria, una derogatoria y tres disposiciones finales. Tal y como se recoge en la exposición de motivos del propio texto, la Proposición de Ley de Concordia de Castilla y León «se erige como un testimonio de compromiso para defender la dignidad de las víctimas desde el año 1931 hasta 1978, un periodo que ha sido testigo de profundas transformaciones políticas, sociales y culturales y que han marcado el devenir y la identidad de España, reconociendo así a quienes padecieron persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales con esta Proposición de Ley».

Cabe recordar, que en el acuerdo de Gobierno suscrito entre Partido Popular y Vox, en su tercer eje se recoge la necesidad de «reivindicar nuestra historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles». Es precisamente con el registro de esta Proposición de Ley con lo que se da cumplimiento a este tercer eje del pacto de Gobierno entre ambas formaciones. Según el partido que dirige Juan García-Gallardo en la región el texto normativo registrado «se construye sobre el respeto a la dignidad humana y sobre la base de la promoción de la convivencia, poniendo en valor al Estado constitucional y excluyendo del mismo la confrontación partidista».

En cuanto al articulado de la norma, el Título I recoge el objeto y la finalidad de la misma y sus principios generales, así como la concreción del régimen jurídico autonómico de las obligaciones que le son propias. El Título II, contiene las medidas que adopta la Administración de la Comunidad de Castilla y León para su desarrollo, incidiendo en la necesidad de difundir los valores, libertades y derechos constitucionales desde sus orígenes a la actualidad, lo que constituye también una clara apuesta de convivencia para el futuro. En este Título se recoge y reconoce el derecho a la recuperación de las personas desaparecidas y se establecen los instrumentos jurídicos necesarios a tal fin, como son el mapa de fosas o el derecho de acceso al patrimonio documental autonómico. Por su parte, el Título III se refiere a todo el proceso de actuaciones públicas necesarias para la localización, exhumación e identificación de las víctimas.

El Título IV, por último, recoge la regulación de la Comisión de Exhumaciones como órgano colegiado, con funciones resolutorias de los expedientes en base a criterios estrictamente técnicos. En esta Proposición de Ley, en su Disposición Derogatoria se recoge la derogación de todas las disposiciones normativas en aquello que oponga o contradiga a lo dispuesto en la Proposición de Ley de Concordia de Castilla y León y en concreto, el Decreto 9/2018 de 12 de abril. La Disposición final primera recoge la modificación de la Ley 4/2017 de 26 de septiembre de reconocimiento y atención a las víctimas de terrorismo de Castilla y León con el objeto de incluir un Plan estratégico para la concordia democrática en relación con las víctimas del terrorismo.