Vox se sale con la suya y Baleares permitirá campos de polo como el de Campos

El Parlament ha aprobado el proyecto de ley de macrogranjas, que prohíbe las explotaciones avícolas de más de 160.000 gallinas, incluyendo varias enmiendas de Vox para suprimir el requisito del catalán en la sanidad pública o legalizar campos de polo como el de Campos. La normativa, que fue aprobada como decreto ley el pasado enero, finalmente ha salido adelante con los votos favorables del PP, de los diputados no adscritos y de Llorenç Córdoba (28), la abstención de Vox (5) y la oposición de la izquierda (25).

En un primer momento, el texto había sido consensuado entre el Govern y Més per Mallorca, pero la inclusión de algunas de las modificaciones propuestas por los de Santiago Abascal ha hecho que los independentistas cambiaran su postura.

El proyecto de ley, tal y como reflejaba el dictamen que salió de la Comisión de Economía, prohíbe las macrogranjas avícolas de más de 160.000 gallinas ponedoras y establece otros límites relativos al tamaño de estos proyectos en función de su cercanía con los núcleos urbanos.

Así, las que alberguen a partir de 20.000 gallinas deberán ubicarse al menos a dos kilómetros lineales de distancia del suelo urbano residencial más cercano. Entre los dos y los cuatro kilómetros podrán tener hasta 40.000 aves, mientras que entre los cuatro y los seis kilómetros podrán albergar hasta 80.000.

El tope máximo se sitúa en las 160.000, que en cualquier caso deberán encontrarse a una distancia no inferior a esos seis kilómetros de distancia de los núcleos urbanos residenciales.

La necesidad de regular estas explotaciones de grandes dimensiones surgió después de que una empresa proyectara una macrogranja avícola a escasa distancia de Sineu en la que se preveía criar a 750.000 gallinas y tratar los productos de otras 220.000 procedentes de otras granjas.

Fue el propio Govern el que archivó la autorización relativa a este proyecto, tras lo que redactó y convalidó el decreto con el apoyo de Més per Mallorca. El resto de la izquierda se opuso de la mano de Vox, que sin embargo ahora ha brindado su apoyo al incluir sus enmiendas.

El texto salido de la Comisión también incluía unas enmiendas de control presupuestario introducidas por el PSIB con el apoyo de los de Santiago Abascal –cuando su relación con el PP se encontraba en un mal momento–, que sin embargo han decaído.

Enmiendas de Vox

Las modificaciones propuestas por Vox, algunas de las cuales han recibido el apoyo del grupo parlamentario ‘popular’ –con quienes firmaron recientemente un acuerdo para sacar adelante los presupuestos autonómicos–, versan sobre diferentes materias.

Algunas de ellas nada tienen que ver con la esencia del proyecto de ley, como la exención del requisito del conocimiento del catalán para el personal sanitario de la sanidad pública de Baleares, que pasará a ser un mérito. Para el personal no sanitario sí será un requisito, pero se podrán realizar excepciones cuando la prestación de los servicios se vean condicionadas por la falta de profesionales.

De esta manera, Vox y el PP blindan una cuestión que ya estaba recogida en la legislación autonómica desde hace dos años pero por la vía del decreto ley y cuya constitucionalidad estudiará el Tribunal Constitucional (TC).

Otra de estas enmiendas establece la exención del catalán para los trabajadores que se encuentren en un proceso de estabilización. De conseguir la condición de funcionarios tendrán cuatro años para acreditar el requisito lingüístico.

Asimismo, se ha modificado la ley agraria para permitir que las explotaciones agrarias puedan albergar diversas actividades ecuestres y aquellas infraestructuras relacionadas con estas actividades, lo que permitirá legalizar campos de polo como el de Campos.

No han salido adelante, sin embargo, las diversas enmiendas presentadas por los grupos de la izquierda. Entre ellas destacan la propuesta de Unidas Podemos de que la regulación se extendiera a todo tipo de explotaciones ganaderas –y no solo avícolas– y la del PSOE –había presentado varias decenas de ellas– para marcar las dimensiones de las explotaciones que pasarían a considerarse de dimensiones industriales.

El debate

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha sido el encargado de estrenar el debate y defender una normativa «sencilla» que regula aspectos que anteriormente no lo estaban ni en la legislación estatal ni la autonómica.

Para redactarla se «analizaron los hechos, se estudió la normativa vigente, se escuchó al sector y se conoció la opinión de los pueblos más afectados», que dieron como resultado «medidas a todos los niveles en base a un trabajo serio y comprometido».

El conseller ha hecho referencia a las diferentes enmiendas presentadas por los grupos. Las relacionadas con la norma ha considerado que deberían estudiarse y debatirse en una eventual revisión de la ley agraria; el resto, ha admitido, se le «escapan».

En cualquier caso, ha afirmado que su compromiso y el de su departamento es trabajar en políticas agrarias que sean beneficiosas para los payeses. «Son a los primeros a los que escuchamos y con los que trabajamos desde un principio», ha subrayado.

El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha considerado que las explotaciones agrarias intensivas son imprescindibles para garantizar que haya producto local a precios asequibles.

También ha ironizado con el hecho de que sus enmiendas hayan causado «mucha sensación». Las relacionadas con el catalán, ha justificado, buscan dar «seguridad jurídica» a la actual legislación; las de actividades hípicas, permitir que el sector agrario se lleve «un trozo del pastel del negocio turístico».

Sobre el campo de polo de Campos, ha asegurado que «ignoraba de manera absoluta» su existencia hasta que lo leyó en prensa, a lo que la oposición le ha replicado gritando «mentiroso».

El diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa ha afeado al PP que haya roto el «compromiso explícito» que adquirieron con ellos para aprobar el decreto pero no incluir cuestiones ajenas a las macrogranjas avícolas en el proyecto de ley.

El hecho de que no hayan cumplido con su palabra y hayan dado luz verde a las enmiendas de Vox, ha sostenido, solo puede explicarse por la voluntad del portavoz de los ‘populares’ Sebastià Sagreras, de «legalizar el campo de polo de Campos (municipio del que es natural y fue alcalde) y no sabe cómo».

El diputado socialista Marc Pons ha defendido un modelo de agricultura extensiva «adaptada al clima y al territorio» y no el de las macrogranjas. El proyecto de ley, ha lamentado, no prohíbe las explotaciones porcinas, caprinas o bovinas.

Y las que sí prohíbe y limita, ha añadido, lo hace sin exigir condiciones ambientales, paisajísticas, de olores, de contaminación del agua ni de bienestar animal. Su grupo presentó diferentes propuestas que, ha criticado, no fueron analizadas por un Govern que ha acabado «abrazado a Vox».

El diputado del PP Pedro Álvarez, por su parte, ha recordado la «quimera» que era el proyecto de macrogranja de Sineu y ha puesto en valor el decreto aprobado por el Ejecutivo, que cubre «los vacíos legales de la normativa existente».

«Pretendía ser cirugía de bisturí para no perjudicar al sector primario, para no limitar la soberanía alimentaria, poner freno a las industrias desmesuradas y proteger el territorio y las personas», ha defendido.

Si se han podido introducir enmiendas como las de Vox, ha concluido, ha sido porque la oposición votó a favor de la tramitación del decreto como proyecto de ley.