Vox exige prohibir el velo islámico en todos los edificios e instalaciones públicas de Baleares

Vox ha registrado una iniciativa parlamentaria para reclamar la prohibición del uso del velo islámico y de cualquier otro atuendo o vestimenta islámica, en todos los edificios e instalaciones de titularidad pública de Baleares.

En una Proposición No de Ley (PNL), los de Santiago Abascal piden que esta prohibición se haga extensiva a centros educativos, universidades, centros sanitarios, instalaciones deportivas, dependencias administrativas y demás espacios públicos, tanto abiertos como cerrados, «por ser contrarios a los derechos fundamentales de las mujeres e incompatibles con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres».

En su iniciativa, Vox reclama también que se establezcan mecanismos de sanción y endurecimiento de las penas para castigar las prácticas islámicas que vulneren la dignidad de la mujer o sean contrarias a la identidad, cultura, usos y costumbres de España, incluyendo la posibilidad de suspender o denegar los procedimientos de obtención de la nacionalidad española a quienes obliguen, de forma directa o indirecta, a cualquier mujer o niña a vestir dichas prendas.

A juicio de Vox, «las nefastas políticas multiculturales promovidas durante décadas por el consenso progre, tanto en España como desde las instituciones europeas, han desembocado en una masiva llegada de inmigración ilegal, en el deterioro de la convivencia en numerosos barrios y en la pérdida progresiva de la identidad cultural».

Los de Santiago Abascal, en esta línea, consideran que Baleares no son ajenas a este fenómeno, que habría desembocado en la saturación de los servicios públicos, la inseguridad ciudadana y el establecimiento de sociedades paralelas ajenas a las propias normas jurídicas y valores.

Vox en su iniciativa denuncia que pese al silencio mediático e institucional ante este grave problema, cada vez más españoles denuncian que la inmigración ilegal es su principal preocupación – por delante del paro, de la vivienda y de la política- «algo que no ha podido ocultar ni el propio CIS de Tezanos».

«Desgraciadamente, como siempre suele ocurrir, los españoles de a pie se han convertido en las principales víctimas de estas políticas de efecto llamada, viendo cómo sus barrios de toda la vida se convierten en lugares hostiles donde la delincuencia campa a sus anchas, cómo los servicios sociales priorizan en muchas ocasiones la asistencia a los de fuera y cómo las familias tienen que convivir forzosamente con culturas del todo incompatibles con la nuestra».

En este contexto, abunda la iniciativa parlamentaria, la creciente islamización constituye una amenaza directa para los principios y valores fundamentales que sustentan nuestra convivencia, especialmente en lo que respecta a los derechos de las mujeres.

«El fundamentalismo islámico implica prácticas incompatibles con los valores de nuestra civilización: exclusión educativa y profesional de la mujer, matrimonios forzosos, mutilación genital femenina o la imposición de vestimentas como el burka, el niqab o el hiyab, símbolos todos ellos de sumisión y de control social sobre las mujeres».

Para Vox a nivel nacional, resulta paradójico que aquellas fuerzas políticas que ahora blanquean y fomentan activamente la islamización de nuestros barrios, sean las mismas que hace apenas unos años promovían parlamentariamente iniciativas para limitar los evidentes atropellos a los derechos y libertades de las mujeres propios del islamismo fundamentalista.

En este sentido, la hemeroteca muestra como desde 2010, indica la propuesta registrada ya en la Cámara balear, en algunos municipios de Cataluña como Lérida, Tarragona, Reus o Barcelona, así como en el propio Parlamento de Cataluña, socialistas y separatistas apoyaban e instaban a la prohibición del burka y el niqab en edificios e instalaciones públicas.

«No debemos olvidar que junto al grave atropello a los derechos y libertades de las mujeres que supone la imposición del burka y el niqab, es crucial la grave implicación en materia de seguridad y orden público que conllevan este tipo de imposiciones fundamentalistas.

Por todo ello, el debate en cuestión, es de sentido común, «no es un debate religioso, sino un debate de libertad, derechos y dignidad de la mujer. No podemos permitir en nuestra tierra prácticas que suponen la negación de los derechos fundamentales y de nuestra identidad cultural», concluye el argumentario de la propuesta.