Ultimátum judicial a Llucmajor: el juzgado acorrala a su alcaldesa tras hacer oídos sordos a una investigación por un presunto delito

El Ayuntamiento de Llucmajor recibe un serio varapalo judicial. El Juzgado de Instrucción número 11 de Palma ha tenido que volver a exigir al Consistorio presidido por Xisca Lascolas que entregue la documentación reclamada en el marco de una investigación por una presunta falsificación documental. Y esta vez, el aviso llega acompañado de una amenaza que eleva el caso a otro nivel: la Justicia advierte de posibles responsabilidades criminales si los requerimientos continúan sin ser atendidos.

El juzgado ha ordenado reiterar de forma inmediata los requerimientos dirigidos al Ayuntamiento después de que la documentación solicitada no hubiera sido remitida dentro de los plazos establecidos. La paciencia judicial se agota y el tono de la resolución deja poco espacio para las interpretaciones.

La advertencia es directa: si las autoridades o responsables municipales (alcaldesa Xisca Lascolas) persisten en la abstención o desatención de los requerimientos judiciales, podrían incurrir en responsabilidad criminal. Es el elemento más contundente de una resolución que vuelve a poner al Gobierno municipal de Llucmajor contra las cuerdas.

La Justicia lleva tiempo reclamando documentación necesaria para avanzar en una causa que permanece abierta. Sin embargo, la falta de respuesta en los plazos establecidos ha obligado al juzgado a insistir. Ahora, el requerimiento vuelve a llegar acompañado de un apercibimiento de consecuencias penales.

La situación supone un nuevo foco de presión sobre el Consistorio y sobre quienes tienen la responsabilidad de garantizar que el Ayuntamiento cumpla con las exigencias de los tribunales.

El asunto no es menor. La investigación judicial trata de esclarecer unos hechos relacionados con una presunta falsificación de documentos privados y continúa abierta. El Ministerio Fiscal forma parte de la acusación, junto con particulares personados en el procedimiento. En plena investigación, el juzgado necesita acceder a la documentación que reclama al Ayuntamiento. Y la falta de entrega ha terminado provocando que la justicia tenga que elevar el tono.

El mensaje es inequívoco: el Ayuntamiento debe colaborar con la investigación judicial. La resolución coloca al Consistorio ante una situación institucional especialmente incómoda. La Justicia no solo reclama nuevamente los documentos, sino que deja constancia de que la reiteración de una conducta de desatención podría tener consecuencias criminales.

Es decir, el margen para seguir sin responder se estrecha. Lo que hasta ahora podía presentarse como una demora administrativa adquiere, a la luz del último apercibimiento judicial, una dimensión mucho más grave. El juzgado ha dejado expresamente advertido qué puede ocurrir si los responsables municipales continúan sin atender sus requerimientos.

Una causa abierta desde 2021

Los hechos se enmarcan en unas diligencias previas abiertas en 2021 y que investigan presuntos delitos de falsificación de documentos privados.

En el procedimiento figuran como acusación el Ministerio Fiscal y dos empresarios de nuestra comunidad. Entre las personas y entidades investigadas aparece también Somriu Produccions SL, según la información facilitada sobre la causa. La investigación judicial permanece abierta y, por tanto, no existe una resolución firme que determine responsabilidades penales sobre las personas o entidades investigadas.

Precisamente por encontrarse el procedimiento en fase de instrucción, la documentación reclamada al Ayuntamiento adquiere especial relevancia para esclarecer los hechos que están siendo objeto de investigación.

Por el momento, el juez acordó el sobreseimiento provisional de la causa hasta que se dé cumplimiento a los oficios librados al Ayuntamiento y a las entidades bancarias. Se trata de un procedimiento judicial dirigido a evitar la prescripción de los presuntos responsables mientras se practican las diligencias pendientes y se recaba la información solicitada.