Los taxistas ganan la batalla del datáfono al Ayuntamiento de Palma: no están obligados a llevarlo

Los taxistas han ganado la batalla del datáfono al Ayuntamiento de Palma en los tribunales. Tal y como dictamina una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la capital balear, el Consistorio palmesano no puede obligar a los profesionales del volante a disponer de este dispositivo para hacer pagos con tarjeta. 

El Juzgado admite y estima el recurso presentado en este sentido por las patronales del sector, la Agrupación Empresarial de Auto-Taxi y Auto-Turismo de Baleares-FEBT, con el apoyo legal de Quattuor Asesores, contra un acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Palma de mayo de 2018 que obligaba a los taxistas a contar con terminales de pago con tarjeta a partir de julio de 2019.

El juez entiende que el equipo de gobierno se saltó el trámite de información pública al modificar una ordenanza mediante este acuerdo plenario, dado que el reglamento municipal de transportes públicos no contenía ninguna referencia a la obligación de disponer de datáfono y sólo preveía, en este sentido, la necesidad de contar con moneda suficiente para atender cambio de 30 euros.

El Juzgado, además, impone las costas procesales al Consistorio, aunque  limitándose a un máximo de 600 euros.

En un comunicado, las patronales del taxi han vuelto a expresar su rechazo a la medida adoptada hace ahora tres años por el Consistorio, dejando claro que fue impulsada sin atender al interés general, ni considerando los perjuicios que ocasionaría a los profesionales del sector. 

La agrupación empresarial ha remarcado que la obligación de tener pago con tarjeta «se establece sin contemplar, ni regular los distintos escenarios que tal medida pueda implicar». Entre otras, por ejemplo, qué ocurriría si el lector de pago con tarjeta dejara de funcionar o si el taxista trabaja en zonas donde hay mala cobertura.

Además, la patronal señala que el pago con tarjeta supone asumir una comisión que en trayectos cortos, «frecuentes en ciudades pequeñas como Palma», «lo hace sumamente gravoso al no establecerse una cuantía mínima» para que sea obligatorio disponer de este método de pago. 

Igualmente, lamenta la falta de justificación de esta medida adoptada la pasada legislatura, asegurando que la resolución «no dedica ni una sola línea» a motivar una decisión que, a su juicio, «atenta contra el principio de igualdad», puesto que en el resto de municipios de Mallorca los taxis no tienen esta obligación, «como tampoco la tienen los servicios interurbanos».