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Los separatistas de Mallorca al servicio de Sánchez: «Cuestionar su legitimidad es socavar la democracia»

Presentan una enmienda para que el Parlament avale este martes la amnistía a los golpistas catalanes

Aseguran que la pactos para su investidura han cumplido con todas las garantías constitucionales

Separatistas Mallorca Sánchez, Més Sánchez
El coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia con Carles Puigdemont.
Indalecio Ribelles
  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

Los separatistas de Més per Mallorca al servicio del presidente socialista Pedro Sánchez: «Cuestionar su legitimidad es socavar la democracia», apuntan en una enmienda a una Proposición No de Ley (PNL) del PP.

Una iniciativa que será debatida este martes en el Parlament, en la que se insta al Ejecutivo central a «garantizar la transparencia, el respeto a la Constitución española y la igualdad de las Islas Baleares con el resto de los territorios españoles en las negociaciones y en el pacto de investidura de Pedro Sánchez».

Pero los independentistas de Més, que siempre han tenido un espíritu reivindicativo respecto al Gobierno central, y que no han pactado nada con Sánchez ni obtendrán para Baleares nada a cambio, han optado por equipararse con los golpistas de la Generalitat de ERC y Junts, el prófugo Puigdemont o sus socios hermanos proetarras de Bildu, y avalan y aplauden las cesiones y privilegios concedidos para su investidura por Pedro Sánchez, a las comunidades autónomas de Cataluña y el País Vasco.

En una de las tres enmiendas presentadas por Més a la PNL del PP, el partido presidido por el diputado Lluís Apesteguia indica que «cuestionar la legitimidad de un proceso institucional realizado de acuerdo con los preceptos constitucionales, estatutarios y legales vigentes supone un socavamiento de la calidad democrática del Estado», dando luz verde con ello a cualquier pacto de Sánchez, por ejemplo con Bildu, cuyo contenido no se ha dado tan siquiera a conocer.

Pero para Apesteguia esto es lo menos, porque en un segundo punto que añade a la PNL no entra en valorar ni la concesión de la amnistía a los golpistas catalanes de 2017, ni el ataque a la independencia judicial acordada con ERC y Junts a través de la lawfare, ni la condonación de la deuda a Cataluña y el aumento de los privilegios fiscales al mismo nivel que el País Vasco.

Para los separatistas de Més, los pactos y acuerdos para la investidura de Sánchez son tan pulcros, legítimos y democráticos como los de la presidenta del Govern del PP, Marga Prohens, que gobierna en minoría en Baleares.

En este sentido instan al Parlament a «reconocer que la votación de investidura del pasado 16 de noviembre de 2023 en el Congreso de Diputados cumplió con todos los pasos, todos los requisitos y todas las garantías especificados en el artículo 99 de la Constitución española, tal y como va suceder el pasado de 6 de julio de 2023 en el Parlament de las Islas Balears respecto al artículo 54 de el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares».

Y, por último, exigen nada menos que el Parlament avale la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, que se aprobó antes que la Constitución, y que se aplicó para sacar de la cárcel a todos los condenados por actos de intencionalidad política considerados delitos durante la dictadura franquista. De esta forma los separatistas de Mallorca equiparan el régimen franquista con la democracia española hasta la investidura de Sánchez.

En total, por tanto, tres enmiendas a añadir a una proposición del PP que contiene otros tantos para su votación pasado mañana.

El primero de ellos insta al Gobierno de España a que las negociaciones con las diferentes fuerzas políticas para la investidura de Pedro Sánchez «sean transparentes y aclare, en particular, cómo estos pactos pueden afectar a las comunidades autónomas, en general, ya las Islas Baleares, en particular».

También exige al Ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar que las Islas Baleares «no resulten agravadas o discriminadas en relación con ningún territorio español mediante la asignación de menos recursos públicos o competencias» y, por último y no menos importante, «que se cumpla con la Constitución española».

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