Y Sánchez convocó elecciones: ¿qué se está gestando?

El adelanto electoral no borra la corrupción, el deterioro institucional ni las cesiones a los socios que sostienen al Gobierno. La verdadera incógnita es por qué Sánchez ha decidido adelantar ahora una cita con las urnas que tantas veces había prometido celebrar en 2027.

Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Se han analizado los motivos de esta decisión, las razones tácticas que pueden explicarla y las ventajas que el presidente pretende obtener de un adelanto electoral que contradice sus reiteradas promesas de agotar la legislatura. Sin embargo, hay una pregunta que, a mi juicio, merece una reflexión mucho más profunda: ¿estamos ante una simple maniobra electoral o ante una decisión cuyo verdadero alcance todavía desconocemos?

Que Sánchez cambie de opinión no debería sorprendernos. La rectificación interesada, la contradicción y la mentira política forman parte de una manera de entender el poder que ha quedado sobradamente acreditada desde que llegó a la Presidencia del Gobierno mediante una moción de censura y se dispuso a gobernar con el apoyo de quienes, hasta entonces, representaban proyectos incompatibles con la unidad nacional y con la concepción de España consagrada en nuestra Constitución.

Ahí aparecen los de siempre: PNV, Junts, ERC, EH Bildu y los comunistas, entre otros. Cada uno persigue sus propios intereses, pero todos han encontrado en la debilidad parlamentaria de Sánchez una oportunidad para arrancar concesiones. Dinero, indultos, amnistía y transferencias de competencias han alimentado una dinámica de cesiones que amenaza con vaciar progresivamente de contenido la idea de una España común, solidaria e igual para todos.

Sánchez ha aceptado ese precio porque su prioridad no ha sido preservar la cohesión nacional, sino conservar el poder. Y quienes le han sostenido lo saben perfectamente. No estamos ante una coincidencia de principios, sino ante una confluencia de intereses en la que el presidente necesita los votos de sus socios y estos necesitan un Gobierno dispuesto a pagar por ellos.

La cuestión no es únicamente por qué ha convocado elecciones, sino por qué lo hace ahora y qué pretende conseguir.

Las razones últimas de una decisión política siempre pueden ser objeto de análisis, pero las intenciones que no se han demostrado no deben confundirse con hechos acreditados. En el caso de Sánchez, sin embargo, su trayectoria invita a desconfiar de las explicaciones complacientes y a examinar cada movimiento con la máxima cautela. Hay una frase que viene a la memoria cuando se intenta comprender lo que se oculta tras determinadas decisiones: «Algo no debe saberse».

Porque el problema de fondo trasciende una convocatoria electoral. Lo que está en juego es la concepción misma del poder. Sánchez ha demostrado una extraordinaria capacidad para cambiar de posición, desmentir sus propias palabras y justificar hoy aquello que ayer consideraba inaceptable. Y cuando la conservación del poder se convierte en el objetivo supremo, las instituciones, las promesas y los principios corren el riesgo de quedar subordinados a la conveniencia personal.

Esa es la deriva que debemos vigilar: la concentración de poder, la degradación de los contrapesos institucionales y la progresiva subordinación de las reglas a las necesidades del gobernante. No hace falta proclamar que vivimos en una dictadura para advertir de los peligros de una deriva autoritaria. Precisamente por eso debemos defender el Estado de derecho antes de que su deterioro sea irreversible.

Una convocatoria electoral que llega en el peor momento

El próximo 29 de noviembre no nos enfrentaremos, a mi juicio, a unas elecciones ordinarias, entendidas como una simple alternancia entre partidos. Serán unas de las elecciones más trascendentales de nuestra democracia, porque llegan después de años de deterioro institucional, enfrentamiento político, desconfianza en la justicia y pérdida de credibilidad de quienes deberían ofrecer a los españoles estabilidad, ejemplaridad y un horizonte de futuro.

No tengo ninguna duda de que la situación todavía puede empeorar. La experiencia de estos años demuestra que siempre cabe esperar un nuevo episodio de confrontación, una nueva cesión o una nueva vuelta de tuerca a la degradación política. Pero precisamente por eso resulta necesario preguntarse qué ha llevado a Sánchez a convocar ahora las elecciones, después de haber asegurado reiteradamente que se celebrarían en 2027.

La derrota parlamentaria de sus decretos sobre vivienda constituye el detonante inmediato de la convocatoria. Sin embargo, cuesta aceptar que ese revés, por sí solo, explique toda la decisión. España lleva años sin disponer de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, mientras se han acumulado crisis, tragedias, polémicas y escándalos que habrían bastado, en cualquier democracia con una cultura política más exigente, para abrir un debate profundo sobre la continuidad del Gobierno.

Pensemos en las víctimas de la DANA, en el accidente ferroviario de Adamuz, en el apagón, en los incendios forestales y en la crisis de Ceuta. Pensemos también en las investigaciones y controversias relacionadas con la corrupción que han golpeado al entorno político del Gobierno y a personas vinculadas al PSOE. ¿Acaso todo eso ha dejado de importar? ¿Se ha evaporado la responsabilidad política por el simple hecho de que una convocatoria electoral haya cambiado el foco de la actualidad?

Y ahora aparece el caso de Maricarmen, la mujer cuyo desahucio se ha convertido en un elemento central del debate sobre la vivienda y cuya muerte ha añadido una dimensión humana especialmente dolorosa a la polémica. Una tragedia personal exige respeto, sensibilidad y rigor. Lo que no debería admitirse es que el sufrimiento de una persona se convierta en un instrumento de propaganda partidista, ni que la conmoción pública sirva para ocultar la complejidad de un problema que ningún Gobierno ha resuelto satisfactoriamente.

La vivienda es un problema real y grave. Pero utilizar un caso individual para construir un relato político, mientras se relegan otras tragedias y responsabilidades, constituye una forma de manipulación del debate público que merece ser denunciada.

A todo ello se suma una corrupción que ha alcanzado niveles alarmantes y que exige explicaciones, transparencia y responsabilidades. No estamos hablando de asuntos secundarios: hablamos de la confianza de los ciudadanos en las instituciones y de la obligación de cualquier gobernante de rendir cuentas.

Por eso, cuando Sánchez convoca elecciones, no puedo evitar preguntarme si estamos contemplando todas las razones que han conducido a esa decisión. Reconozco que su anuncio me sorprendió. Pero aquella sorpresa dio paso casi inmediatamente a un sentimiento de inquietud, de sospecha política, de desconfianza ante un movimiento cuyo alcance todavía no podemos conocer por completo.

No afirmo que exista una conspiración ni que se esté preparando una actuación concreta contra el proceso electoral. No dispongo de pruebas para sostener semejante acusación. Lo que afirmo es que la trayectoria de este Gobierno obliga a mantener los ojos abiertos y a no confundir la explicación oficial con la explicación definitiva.

La democracia que algunos quieren convertir en patrimonio propio

Conviene recordar, además, que la democracia española no nació de la nada ni fue una concesión exclusiva de una determinada familia política. La Transición fue posible gracias a una combinación de voluntad política, acuerdos, renuncias y decisiones históricas, con un papel fundamental del Rey Juan Carlos I, que impulsó el proceso de transformación desde las instituciones heredadas del franquismo.

La Ley para la Reforma Política, aprobada en 1976 y ratificada en referéndum, fue una pieza decisiva de aquel proceso. La posterior elaboración de la Constitución de 1978 consolidó el marco democrático en el que seguimos viviendo. Presentar aquella transformación como una conquista exclusiva de la izquierda, o atribuirse en exclusiva la legitimidad democrática, supone falsear la historia y despreciar el esfuerzo de quienes hicieron posible la reconciliación nacional.

Sin embargo, hoy asistimos a una paradoja inquietante: quienes más invocan la democracia parecen, en ocasiones, dispuestos a debilitar los consensos y contrapesos que la hacen posible.

Una democracia no consiste únicamente en celebrar elecciones. Consiste también en respetar la ley, garantizar la independencia judicial, reconocer la legitimidad de la oposición y aceptar que el poder tiene límites. Ningún presidente, por muchos votos que obtenga, está por encima de esos principios.

Por eso considero que el PSOE actual, bajo el liderazgo de Sánchez y sostenido por fuerzas cuyos proyectos cuestionan la unidad nacional, representa un peligro político que los españoles deben valorar con toda seriedad. No porque sus adversarios tengan que ser excluidos del juego democrático, sino precisamente porque la democracia exige que todos los actores respeten sus reglas y que nadie utilice las instituciones para perpetuarse en el poder.

La amenaza no reside en que existan partidos con ideologías radicales, independentistas o comunistas. Su presencia política forma parte de la realidad democrática mientras actúen dentro de la ley. El problema surge cuando las exigencias de los socios se traducen en privilegios territoriales, desigualdad entre ciudadanos o decisiones que erosionan los fundamentos constitucionales del Estado.

50 días decisivos

Quedan cincuenta días para las elecciones del 29 de noviembre. Cincuenta días en los que se decidirá buena parte del futuro político inmediato de España.

Ya se anuncia una huelga general vinculada a la crisis de la vivienda, impulsada por organizaciones sindicales y sociales. Una huelga es un derecho constitucional y nadie debería cuestionar su legitimidad por el mero hecho de que resulte políticamente incómoda. Pero también es legítimo preguntarse por su oportunidad, por sus objetivos concretos y por la relación entre la movilización social y la contienda electoral. La defensa de los derechos de los trabajadores no puede convertirse en una excusa para deslegitimar de antemano una posible victoria de la oposición.

La pregunta que debemos hacernos es qué estrategia seguirá Sánchez durante estas semanas. ¿Qué argumentos utilizará? ¿Qué decisiones adoptará? ¿Qué nuevas promesas pondrá sobre la mesa? ¿Cómo intentará movilizar a su electorado y neutralizar el desgaste acumulado?

No podemos conocer de antemano las respuestas, ni sería responsable atribuirle planes secretos sin pruebas. Pero sí podemos examinar sus antecedentes, sus alianzas y sus decisiones, y exigir que todo se desarrolle con absoluta normalidad democrática, transparencia y respeto a la ley.

La historia reciente de España nos recuerda que los cambios políticos pueden producirse en circunstancias extraordinarias. Felipe González llegó al Gobierno en 1982, después de una etapa marcada por la incertidumbre que siguió al golpe de Estado del 23-F de 1981. José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones de 2004 en el contexto traumático de los atentados del 11-M, cuya investigación judicial estableció responsabilidades penales, aunque determinadas controversias políticas hayan persistido. Y Pedro Sánchez accedió a la Presidencia en 2018 mediante una moción de censura, apoyada por partidos muy diferentes entre sí y unidos por su rechazo al Gobierno de Mariano Rajoy.

Son episodios distintos, con causas y circunstancias propias, y no existe fundamento para establecer entre ellos una trama común. Pero sí permiten recordar una verdad elemental: la política española ha atravesado momentos de extraordinaria tensión y sus consecuencias han condicionado durante años la vida nacional.

Por eso, ante estas elecciones, debemos exigir serenidad, vigilancia democrática y respeto absoluto a la voluntad de los ciudadanos. No se trata de alimentar temores ni de anticipar acontecimientos que nadie puede demostrar, sino de impedir que la crispación, la propaganda o cualquier actuación irregular interfieran en el normal desarrollo del proceso electoral.

España no puede permitirse otro salto al vacío

Hay demasiados motivos para la preocupación. La corrupción, la degradación del debate público, el deterioro de la confianza institucional, la fragmentación territorial y la dependencia parlamentaria de fuerzas con proyectos incompatibles con la unidad nacional han colocado a España ante una encrucijada.

Y, sin embargo, todavía hay algo que permanece en manos de los españoles: su voto. El 29 de noviembre no se decide únicamente quién ocupará el Palacio de la Moncloa. Se decide si queremos prolongar una forma de gobernar basada en la dependencia de socios que exigen concesiones cada vez mayores, o abrir una nueva etapa en la que la unidad nacional, la igualdad ante la ley, la independencia judicial y la responsabilidad política vuelvan a ocupar el lugar que les corresponde.

La alternancia no es una amenaza para la democracia. Es una de sus garantías. Ningún partido puede apropiarse de ella, ni ningún presidente puede considerar que su permanencia en el poder constituye un objetivo superior al interés general.

Sánchez ha convocado elecciones. Ahora debe aceptar, como cualquier otro gobernante, que el resultado no le pertenece, que la voluntad de los ciudadanos es soberana y que las reglas democráticas no pueden adaptarse a las necesidades de quien gobierna.

Los españoles tenemos derecho a saber, a exigir explicaciones y a votar en libertad. Tenemos derecho a que las instituciones permanezcan al margen de cualquier interés partidista y a que el resultado electoral sea respetado por todos.

Y tenemos, sobre todo, la obligación de no mirar hacia otro lado cuando percibimos que algo esencial se está deteriorando. Porque España es mucho más que un Gobierno, mucho más que un presidente y mucho más que una suma de partidos. Es una nación con una historia compartida, un orden constitucional y un futuro que no puede quedar hipotecado por la ambición de nadie.

El 29 de noviembre los españoles tendrán la palabra. Y Sánchez tendrá que escucharla. Porque la democracia no consiste en permanecer en el poder a cualquier precio, sino en aceptar que el poder pertenece, en última instancia, a los ciudadanos pero sin atentados, golpes de estado, pucherazos, pactos ilegítimos ni mentiras. ¿Acaso no es razonable y lógico demandar esto? ¿Acaso somos víctimas permanentes de Schopenhauer? ¡¡¡¡Hay que salvar a España y el día 29 podemos hacerlo!!!!