El PP denuncia «oscurantismo» en la resolución del ‘caso Peaje’ y exige explicaciones al Consell

El Partido Popular ha denunciado este martes «opacidad» y «oscurantismo» en la resolución del caso Peaje sobre las obras de construcción y explotación de la carretera de Manacor tras el acuerdo alcanzado entre el Consell de Mallorca y la empresa concesionaria. El PP  considera «muy grave abandonar las reclamaciones penales y económicas» presentadas en el Juzgado «a cambio de llegar a un pacto in extremis para poner fin a los pleitos judiciales».

La formación ha solicitado una copia del documento firmado entre la institución insular y la empresa concesionaria (PAMASA) del nuevo acuerdo de nuevos parámetros de la concesión. También ha pedido los informes jurídicos, económicos y técnicos que lo avalan y que indiquen los cambios entre la situación económica de la concesión de la carretera MA-15 y la situación actual surgida a raíz del acuerdo al que se ha llegado. «Hace un mes que pedimos esta documentación y, a día de hoy, no hemos obtenido respuesta», han lamentado en un comunicado.

Ante «esta falta de información», el conseller popular Mauricio Rovira interpelará al responsable de Movilidad, Iván Sevillano, en el próximo pleno de la institución insular. «Para que nos dé explicaciones puesto que no nos han contestado a las nuestras preguntas y nadie ha justificado por qué se ha llegado a este acuerdo a cambio de reducir las cuantías económicas y las penas de prisión de los acusados», ha denunciado. Rovira cree que es «una vergüenza» que el Consell «no informe sobre algo tan grave».

Por otro lado, el caso Peaje fue el último gran caso de corrupción de la etapa de Unió Mallorquina, el cual se cerró a principios de septiembre con un acuerdo entre Fiscalía, Consell de Mallorca y defensas el día que debía comenzar el macrojuicio. Con este acuerdo se retiró la acusación contra el exconseller Antoni Pascual y otros cinco procesados, se declararon prescritos los hechos para otros tres y se pactaron rebajas de penas para el resto, junto al pago de multas, recoge Europa Press.

En este caso iniciado en 2009 se investigaba un presunto desvío de de fondos del Consell de Mallorca, durante las ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor. El acuerdo fue posible gracias a un pacto entre la acusación particular del Consell de Mallorca y la concesionaria de las obras, PAMASA, con el que se regulariza el contrato de gestión de la carretera Ma-15. En este documento, la concesionaria se compromete a retirar los contenciosos administrativos interpuestos contra el Consell, por valor de entre 350 y 400 millones de euros.