La Policía analiza las imágenes de drones para identificar a los violentos que sabotearon la protesta contra el turismo y detenerlos

Las imágenes captadas por drones durante la manifestación contra el turismo de masas en Palma serán una pieza clave para identificar a los autores de los altercados que derivaron en enfrentamientos con la Policía Nacional. Los grupos de Información y Policía Judicial ya trabajan en el análisis del material audiovisual con el objetivo de localizar a las personas que protagonizaron los incidentes y proceder a su detención en los próximos días.

Fuentes próximas a la investigación señalan que las grabaciones aéreas permiten distinguir con claridad a varios de los participantes en los disturbios, quienes, presuntamente, actuaron de forma organizada para alterar el desarrollo de una movilización que había sido convocada con carácter pacífico. Una vez concluyan las labores de identificación, los sospechosos serán detenidos y puestos a disposición judicial.

El momento de mayor tensión se registró en la calle Antoni Maura, donde un numeroso grupo de manifestantes se concentró frente al cordón policial. Según las mismas fuentes, durante esos instantes se profirieron insultos contra los agentes, con gritos como «ratas de mierda» y «fuerzas de ocupación», consignas que, según apuntan desde el ámbito policial, son habituales en determinados sectores del independentismo radical.

Las imágenes aéreas de los drones también mostrarían a varios participantes lanzando piedras, vallas y otros objetos contra los efectivos desplegados para garantizar la seguridad del recorrido. Asimismo, se aprecia cómo algunas personas golpearon a los agentes con los palos de las banderas antes de abandonar la zona apresuradamente cuando se produjo la intervención policial.

Paralelamente a la investigación sobre los disturbios, la Policía Nacional ha abierto una investigación interna para esclarecer la actuación del agente que presuntamente golpeó a un fotoperiodista durante la intervención, causándole lesiones de gravedad.

Fuentes policiales indican que se revisará si la actuación se ajustó a los protocolos establecidos, ya que los impactos dirigidos al rostro o al pecho están expresamente prohibidos en las técnicas de intervención policial. En función de las conclusiones de la investigación, podrían adoptarse las correspondientes medidas disciplinarias.

En el ámbito interno, diversas fuentes policiales expresan su malestar con la gestión política posterior a los incidentes y aseguran no sentirse representadas por el delegado del Gobierno en Baleares, al considerar que su respuesta pública no respaldó suficientemente la labor desarrollada por los agentes durante el dispositivo.

Las mismas fuentes son tajantes al afirmar que los agentes no aceptarán intromisiones políticas en las investigaciones ni en la actuación policial y advierten de que, si se produjeran injerencias, solicitarán el amparo de los jueces para garantizar la independencia de las actuaciones policiales y judiciales.

En la misma línea se ha pronunciado la Confederación Española de Policía (CEP), que ha querido diferenciar el comportamiento de la inmensa mayoría de los asistentes de la actuación de un reducido grupo de alborotadores. El sindicato subraya que miles de ciudadanos ejercieron de forma pacífica su derecho de manifestación y sostiene que fueron «los de siempre», un grupo minoritario de violentos, quienes terminaron secuestrando una protesta legítima mediante enfrentamientos con la Policía Nacional.

Como consecuencia de los disturbios, cuatro agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) resultaron heridos durante el operativo de seguridad.

La CEP considera especialmente preocupante que determinados responsables políticos hayan contribuido a alimentar un relato que pone en duda la actuación policial, en lugar de condenar con firmeza las agresiones sufridas por los agentes. En este sentido, el sindicato sostiene que el delegado del Gobierno debería haber mantenido una mayor prudencia institucional y haber mostrado un respaldo explícito a unos funcionarios que, según la organización, fueron agredidos mientras cumplían con su labor de garantizar la seguridad ciudadana.

La investigación continúa abierta y el análisis de las imágenes de los drones, junto con el trabajo de los especialistas de Información y Policía Judicial, será determinante para reconstruir los hechos, identificar a los responsables de los actos violentos y llevarlos ante la Justicia.