La oficina del Govern para defender el español y las modalidades insulares en Baleares tendrá que esperar

La Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística cuya puesta en marcha estaba prevista para este mes de enero, que estará dirigida por Vox y que tendrá como objetivo defender el español y las modalidades insulares en Baleares, tendrá que esperar. La tramitación parlamentaria para su creación acumula ya más de tres meses y, no hay noticias sobre cuándo este ente público será una realidad.

El grupo parlamentario Vox en Baleares registró a mediados del pasado mes de septiembre la proposición de ley para crear y regular su funcionamiento y anunció que tras la aprobación de los primeros presupuestos autonómicos del Govern en minoría del PP de Marga Prohens apoyado por Vox desde la oposición este organismo, que dependerá del Parlament, sería una realidad el mes de enero.

Pero las cuentas públicas del nuevo Ejecutivo que reservan un apartida de 750.000 euros para esta finalidad ya han sido aprobadas, pero la oficina para la no discriminación del español en Baleares no será una realidad en este arranque del nuevo año.

Su puesta en marcha tenía que coincidir con la eliminación de la denominada Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, creada por el anterior Govern de la socialista, Francina Armengol, en coalición con separatistas de Més y Podemos, y que ha servido como instrumento de imposición lingüística del catalán durante las pasadas dos legislaturas.

Sin embargo, a día de hoy, esta oficina sigue existiendo, y la nueva que será dirigida por Vox tal y como recoge el acuerdo programático entre ambas formaciones, no cuenta aún tan siquiera con reglamentación oficial alguna para su creación y puesta en marcha y se desconoce, en estos momentos, si tendrá capacidad sancionadora e inspectora.

Ni Vox ni PP han acordado ni definido las funciones que tendrá, y el personal que tendrá este organismo de nuevo cuño, o quien será su director.

Aunque el reciente acuerdo parlamentario entre PP y Vox para sacar adelante los primeros presupuestos del nuevo Ejecutivo de Prohens podrían hacer presagiar que la nueva oficina autonómica de derechos lingüísticos y de no discriminación del español, se pondría en marcha a las primeras de cambio, la realidad, es que nadie puede asegurar cuándo sucederá.

Ya el arranque de su tramitación parlamentaria en septiembre provocó el primer gran enfrentamiento entre PP y Vox, exigiendo el portavoz popular en el Parlament, Sebastià Sagreras, a sus socios la retirada del texto de la proposición de ley por «no haber sido pactado ni consensuado» y «atentar contra el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares que el PP siempre defenderá».

Si bien el PP reconocía que estaba de acuerdo en garantizar el uso normal de las dos lenguas, el texto redactado no fue de su agrado argumentando la invasión de competencias que iba a provocar, la impunidad ante registros de denuncias, su carácter intervencionista y las sanciones de hasta 100.000 euros que recogía el texto para ciudadanos que hayan sido discriminados a la hora de emplear el castellano o el catalán.

Pero Vox por activa y pasiva ha rechazado la retirada de la propuesta legislativa, y ha instado a todos los partidos con representación institucional en la Cámara balear a presentar alegaciones al articulado, una vez que la Mesa de vía libre a su debate en el pleno del Parlament, si bien no hay fecha para ello.

Los siete diputados de Santiago Abascal en Baleares se mantienen firmes en la defensa del texto presentado, incluyendo el régimen sancionador que establece, ya que como afirmó el portavoz adjunto de Vox en la Cámara balear, Sergio Rodríguez, en una reciente comparecencia ante los medios, una ley sin penalizaciones, sería «un brindis al sol».