Moisés Hernández: «¿Cómo un funcionario de un pueblo en Mallorca cobra más que el presidente del Gobierno?»

La calma institucional ha saltado por los aires en Santa María del Camí. Lo que debía ser un trámite administrativo rutinario ha terminado destapando un escándalo de enormes proporciones que pone contra las cuerdas al alcalde independentista Nicolau Cañellas y a su equipo de gobierno, vinculado a Més per Mallorca. La oposición habla sin tapujos de «escándalo mayúsculo», «opacidad intolerable» y «gestión fuera de toda lógica».

Pero si hay una voz que ha elevado el tono hasta convertir este caso en un auténtico terremoto político, esa es la de Moisés Hernández, ex regidor de VOX y ahora en el grupo no adscrito, que no ha dudado en señalar directamente al alcalde y denunciar lo que considera una maniobra encubierta para inflar sueldos públicos. «¿Cómo es posible que un funcionario de un ayuntamiento de 7.400 habitantes cobre más que el presidente del Gobierno?», lanza Hernández, poniendo el foco en unas cifras que han desatado indignación política y social.

«Una vez más lo han vuelto a hacer. Nos han intentado colar con nocturnidad y alevosía estos aumentos tan disparatados de sueldos. Cuando en el pleno lo hemos pillado con el carrito de los helados, el alcalde no sabía dónde meterse», afirma Hernández, en unas declaraciones que reflejan el clima de máxima tensión vivido en la última sesión municipal.

Aumento desorbitado de sueldos a dos altos funcionarios

Según denuncia la oposición, el equipo de gobierno habría impulsado complementos salariales superiores a los 60.000 euros para altos funcionarios clave como la interventora y el tesorero. Sumados a sueldos base cercanos a los 40.000 euros y pluses adicionales que superarían los 10.000 euros, las retribuciones totales rebasarían con holgura los 100.000 euros anuales.

Unas cifras que, además de escandalosas por sí mismas, generan aún más polémica al compararse con cargos de mayor responsabilidad institucional, lo que la oposición ya califica como un «disparate absoluto». El núcleo de la polémica no es solo la cuantía de los sueldos, sino la presunta falta de transparencia en su tramitación. La oposición denuncia que no se presentó al pleno la documentación necesaria para justificar estos incrementos: ni fichas de personal, ni informes técnicos, ni argumentación económica.

«Hemos pedido toda la documentación de los últimos años y esto no acabará así. Llegaremos hasta el final. No se pueden plantear estos sueldos de más de 100.000 euros anuales sin presentar al pleno y a los regidores del consistorio las fichas de personal, argumentación y documentación pertinente. Esto no es el cortijo del señor Nicolau. Si el Ayuntamiento ha tenido que pedir un préstamo para pagar a los proveedores y ahora malgastamos así el dinero», sentencia Hernández.

El enfrentamiento institucional es total. Los grupos de la oposición han anunciado que impugnarán los presupuestos municipales y no descartan llevar el caso a los tribunales si no se produce una rectificación inmediata, lo que podría desembocar en una batalla judicial de gran calado. Lejos de ser un hecho aislado, la oposición vincula este caso con un supuesto patrón dentro del entorno político de Més per Mallorca, rescatando el precedente del municipio de Deià durante la etapa de Lluís Apesteguia como alcalde.

Durante su mandato (2019-2023), se denunciaron irregularidades en nóminas, procedimientos de contratación y justificación de subvenciones, incluyendo el presunto aumento irregular del sueldo del secretario municipal, ya judicializado. La situación derivó en una deuda cercana a los 500.000 euros, colocando al Ayuntamiento de Deià en una situación de quiebra técnica, obligando a aplicar ajustes presupuestarios severos para garantizar su viabilidad.

El caso fue tan grave que Apesteguia, actual líder de los independentistas de Mallorca, dimitió de forma inesperada, alegando problemas de salud mental, aunque las dudas sobre su gestión no han dejado de crecer desde entonces. El actual equipo de gobierno en Deià puso en marcha una auditoría interna, tras detectar incluso una contabilidad paralizada durante casi tres años y múltiples irregularidades administrativas.

En este contexto, lo ocurrido en Santa María del Camí adquiere una dimensión aún mayor. Para la oposición, no se trata solo de unos sueldos elevados, sino de una forma de gestionar lo público basada en la opacidad, la falta de control y decisiones difíciles de justificar ante la ciudadanía. El municipio, de poco más de 7.000 habitantes, se encuentra ahora en el centro de un huracán político que amenaza con derivar en consecuencias judiciales.

La pregunta que sobrevuela el ambiente es clara: ¿error puntual o forma sistemática de actuar? Mientras tanto, la presión sobre el alcalde Nicolau Cañellas no deja de crecer. Y lo que empezó como un simple trámite administrativo se ha convertido en un escándalo político de primer nivel que podría marcar un antes y un después en la política municipal mallorquina. El presupuesto del Ayuntamiento es de unos nueve millones y la situación financiera de las arcas municipales es crítica.