La izquierda exige al alcalde de Palma que premie y no desaloje a los 300 okupas de la antigua prisión

La izquierda exige al alcalde de Palma del PP, Jaime Martínez, que premie con una «alternativa habitacional» y no desaloje a los 300 okupas de la antigua prisión cuyo número ha aumentado el último mes un 30% por un falso efecto llamada propagado por determinados activistas sociales y políticos de que el Ayuntamiento les iba a ofrecer una vivienda.

El porcentaje de aumento del número de inquilinos y las causas que están detrás de este hecho las ha revelado este jueves la concejala de Servicios Sociales, Lourdes Roca, quien ha reprochado a los partidos de la oposición de izquierdas, socialistas, independentistas de Més y Podemos, que en este asunto miraran para otro lado durante las dos pasadas legislaturas cuando gobernaban en Palma.

Ocho años en los que no pusieron coto a la okupación de este inmueble, ni  ofrecieron solución alguna a los okupas asentados en este edificio de propiedad municipal desde hace dos décadas.

Aunque tres meses después de que el alcalde Martínez anunciara en enero el próximo desalojo de este edificio en ruinas, ante la amenaza que supone para la integridad física de los 300 okupas, éste no se ha materializado, la izquierda ha exigido hoy al primer edil palmesano que no lo haga. En concreto, que no recupere esta propiedad municipal hasta que no les ofrezca una «alternativa habitacional» a las personas sin techo que subsisten allí en condiciones deplorables e insalubres.

Los tres partidos de la oposición consideran ahora que el desalojo de estas personas, sin haberles proporcionado una solución, «es una medida irresponsable que solo incrementará la precariedad y el sufrimiento» de estos okupas.

Por ello reclaman al actual gobierno, un compromiso firme para «encontrar soluciones efectivas que les permitan acceder a una vivienda digna, y mientras esto se resuelve, proporcionarles recursos temporales adecuados que les permitan vivir de manera segura y en condiciones dignas».

Unos okupas muchos de los cuales protagonizan con frecuencia todo tipo de delitos como peleas, robos, venta y consumo de sustancias estupefacientes e incendios.

Pese a esta realidad social, PSOE y Més han dado apoyo a una iniciativa de la única concejala de Podemos en Palma, Lucía Muñoz, que ha sido rechazada por el gobierno municipal en minoría del PP y su socio programático de Vox, para «anular las actas de requerimiento policial para el cese voluntario de esta okupación» de bienes públicos.

En esta moción, la izquierda reclama lo que no hizo mientras gobernaba: proporcionar una alternativa habitacional digna y duradera a todas las personas que malviven en las destartaladas dependencias de la antigua prisión y empadronar a todos los allí instalados para garantizarles su acceso a los servicios sociales municipales.

La propuesta, por último, va más allá de estas dependencias municipales y exige al primer edil «la paralización absoluta de los desahucios sin alternativa habitacional de cualquier inmueble, solar o propiedad del Ayuntamiento».

Además la izquierda recrimina al gobierno municipal que la Policía Local se personase recientemente en este espacio y «de una forma totalmente irregular requiriese a las personas que se encontraban allí que debían abandonar el recinto en un plazo de diez días, amenazando con imponer multas de hasta un 5 % del valor de los bienes ocupados y por resistencia de entre 601 y 30.000 euros».

Por último lamentan estos partidos, que «en lugar de garantizar el acceso a un lugar seguro y digno, esta medida solo aumenta la precariedad de las personas afectadas, alguna de las cuales ha manifestado que ve la antigua prisión como “el último escalón antes de vivir en la calle”.