La izquierda desprecia las sentencias judiciales y exige por enésima vez tirar el monumento de Sa Fexina

La izquierda desprecia las sentencias judiciales y exige por enésima vez tirar el monumento de Sa Fexina en Palma en una iniciativa que defenderán socialistas, separatistas de Més y Podemos en el pleno del jueves 30 de abril.

En esa misma sesión se votará a su vez la propuesta de Vox de declarar persona non grata en Palma al secretario de Estado socialista de Memoria Democrática, Fernando Martínez, por idéntico motivo. Aunque todas las sentencias judiciales han avalado la protección de este monumento que en 2010 fue despojado de toda simbología franquista, y adaptado a la Ley de Memoria, la izquierda sigue empecinada en demolerlo, pese al nulo apoyo social a esta iniciativa.

Baste recordar que el TSJB ya sentenció en 2021 que el monolito recuperó su finalidad originaria de homenaje a todas las víctimas, tras ser despojado de la simbología franquista hace tres lustros, a lo que hay que añadir el hecho de que el Tribunal Supremo cerró cualquier debate al respecto, al inadmitir los recursos de las entidades que pedían el derribo, otorgando a la permanencia del monumento el valor de cosa juzgada.

Pese a ello, las tres formaciones del anterior gobierno municipal de izquierdas y ahora en la oposición, han presentado una proposición en la que instan al equipo de gobierno a proceder a la retirada del monolito de Sa Feixina del espacio público, «a la mayor brevedad posible, de acuerdo con la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España».

Una decisión insólita esta, si tenemos en cuenta que expertos juristas sostienen que la resolución del secretario socialista de Estado no solo vulnera el artículo 118 de la Constitución, que obliga a cumplir las sentencias firmes, sino que entra en colisión directa con el convenio de salvaguarda del patrimonio arquitectónico de Europa, que obliga a España a proteger estructuras de destacado interés histórico y artístico como la referida.

Para colmo, el Gobierno socialista, aunque hay notables ejemplos de ello en todos los ámbitos, incumpliría su propia Ley de Memoria Democrática.

En concreto, el artículo 35.6 de dicha norma, excluye de la retirada aquellos elementos donde «concurran razones artísticas o arquitectónicas protegidas por la ley», precisamente el blindaje que los tribunales han otorgado al monolito de Palma.

Ordenanza de Memoria

Pero poco importa esto a unos partidos que, a su vez, instan al gobierno municipal en minoría del PP, a «condenar» la derogación de la sectaria Ley 2/2018, de 13 de abril, de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Islas Baleares por parte del Parlament, que consideraba sólo víctimas a las del bando republicano.

Por ello proponen redactar de forma participada, una ordenanza municipal de Memoria Democrática, que sea integral y que recoja todos los aspectos competenciales para desarrollar tareas y compromisos tales como medidas y actuaciones dirigidas al reconocimiento de las víctimas; protección de los archivos y la bibliografía de la memoria del municipio y crear una Comisión de Memoria Democrática local.