El interventor alerta de la posible responsabilidad penal del alcalde Hila por un contrato a dedo

El interventor municipal alerta de la posible responsabilidad penal del alcalde socialista de Palma, José Hila, que ha concedido a dedo por un periodo de un año, la gestión del servicio de información y comunicación PalmaJove que seguirá doce meses más gestionado por el Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales (INTRESS), entidad que ingresará por esta adjudicación verbal y sin cobertura legal alguna, 322.266,55 euros.

El contrato con este concesionario había expirado el pasado 28 de febrero, tras agotarse la vigencia del mismo: un periodo máximo de cuatro años, prórrogas incluidas.

Un servicio que fue adjudicado a esta empresa en marzo de 2019 por dos años, prorrogables a un par más, y que el gobierno municipal ha decidido no volver a sacar a concurso.

El área de de Justicia Social, Feminismo i LGTBI, liderada por el concejal de Podemos, Alberto Jarabo, ha decidido, unilateral e irregularmente, conceder un año más de contrato al gestor actual, sin contar con soporte legal alguno para hacerlo, y  con la disconformidad del interventor municipal por la forma de proceder del equipo de gobierno.

Como expone en su informe este funcionario, la regla general del plazo de duración en los contratos públicos de suministros, servicios y arrendamientos de bienes muebles, es de cinco años máximo, incluidas todas las prórrogas.

El plazo máximo debe entenderse como un límite final. Es decir, no hay una duración mayor que la autorizada legalmente, ni de mutuo acuerdo, ni aunque se establezca en los pliegos.

En este sentido el plazo legal que se estableció en los pliegos en este caso era de dos años prorrogable dos años más. El contrato se inició el 1 de marzo de 2019 y, por tanto, su vigencia se agotó el 28 de febrero de 2023. Por tanto, la prórroga acordada, apunta el interventor, no se puede autorizar en ningún caso, ni conforme al plazo legal, ni tampoco, por una situación excepcional.

En fecha 28 de febrero de 2023 finalizó la vigencia del contrato y de las posibles prórrogas previstas y, por tanto, se ha extinguido el vínculo obligacional por vencimiento del plazo. A tal efecto, «jurídicamente no tiene cabida ningún acuerdo de prórroga posible», sentencia.

Por ello advierte a los responsables municipales, que en el supuesto de continuar con la prestación, estaríamos ante «una contratación de hecho, dado que se iniciará una vez finalizado el plazo máximo previsto en los pliegos del contrato».

Por ello advierte que «las autoridades y el personal al servicio de las administraciones públicas que contraten verbalmente pueden incurrir en una responsabilidad civil por los daños y perjuicios que puedan causar en la Administración. También puede haber una responsabilidad disciplinaria, de acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; contable, y una responsabilidad penal por prevaricación».

Dado que el incumplimiento se incluye en los supuestos establecidos en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el interventor exige que se proceda a suspender la tramitación del expediente hasta que se subsanen las incidencias, o se resuelva la discrepancia de conformidad con el procedimiento previsto, cosa que no ha sucedido.

No es ni la primera, ni la última irregularidad, que denuncia el interventor del gobierno presidido por el alcalde Hila. Baste recordar como publicó este diario, que el Ayuntamiento mantiene sin contrato en vigor, el servicio integral a las víctimas de violencia de género. Una prestación que desde 2020 funciona sin amparo ni cobertura legal alguna, y cuyas facturas de más de 17.000 euros mensuales se conceden a dedo, tras pasar por el pleno municipal y ser aprobadas mediante reconocimiento extrajudicial de crédito, por los 15 concejales del equipo de gobierno presidido por el alcalde Hila.