La independentista OCB exige al PP mantener la imposición del catalán y no promover la agitación social

La entidad independentista Obra Cultural Balear (OCB) ha exigido al PP balear mantener la imposición del catalán y «no promover la agitación social» después de que esta formación fuese la más votada en los comicios autonómicos del pasado domingo,  y su candidata, Marga Prohens, se haya convertido en la nueva presidenta electa de Baleares, poniendo fin a dos legislaturas de gobiernos de coalición con socialistas, independentistas de Més y Podemos con Francina Armengol al frente.

Ocho años en los que esta entidad presidida por Joan Miralles, hermanada con Òmnium Cultural en Cataluña y que dio apoyo al golpe contra la Constitución de la Generalitat en octubre de 2017, ha recibido notables aportaciones y subvenciones de dinero público por parte del Govern balear, al igual que otras del mismo calado, como la Plataforma per Llengua o Joves per la Llengua.

La última, 200.000 euros a dedo, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, como premio a que el único senador de los independentistas de Més votara a favor de los Presupuestos Generales del Estado 2023.

Unas subvenciones que la OCB no está dispuesta a perder y que empieza a ver peligrar en caso de que el nuevo Ejecutivo del PP favorezca la igualdad jurídica y social de las dos lenguas oficiales de Baleares, en materia de sanidad, educación y acceso a la Función Pública.

Pero no está nada de claro, que ese vaya a ser la decisión que vaya a adoptar un PP de Marga Prohens que, en su programa electoral, pasa de puntillas en el tema de la lengua.

A diferencia del PP de José Ramón Bauzá que en la legislatura 2011-2015 estableció el catalán como mérito y no como requisito para acceder a la administración, que aprobó el decreto a favor del trilingüismo en la enseñanza (Tratamiento Integral de Lenguas) y cerró a su vez, el grifo millonario de subvenciones a estas entidades poniéndolas en pie de guerra contra el Govern, en el programa electoral del PP de Prohens no figura nada al respecto.

En materia educativa, sólo se recoge la apuesta por «un modelo lingüístico que garantice que todos los jóvenes acaban la educación obligatoria dominando las dos lenguas oficiales y una lengua extranjera, elaborado desde el máximo consenso y diálogo con toda la comunidad educativa».

Consenso que en la enseñanza, siendo los sindicatos mayoritarios afines a formaciones independentistas de la izquierda como Més o la CUP, sólo es posible alcanzar manteniendo la imposición del catalán.

El programa del PP también hace referencia al compromiso con «la vehicularidad de las dos lenguas oficiales y su equilibrio en la enseñanza, de acuerdo con los proyectos lingüísticos y realidad de cada centro, que tendrá que adecuarse a la normativa educativa y a la jurisprudencia vigente», así como favorecer «el estudio de las modalidades lingüísticas insulares de acuerdo con el artículo 35 del Estatuto de Autonomía, de la cultura, las tradiciones y la historia de Baleares».

Un vago compromiso con la igualdad lingüística que habrá que ver en qué se materializa. Una realidad muy diferente es la que figura en el programa electoral de Vox, partido que obtuvo ocho diputados en los pasados comicios autonómicos, si bien el PP, aunque sin mayoría absoluta (30) puede gobernar en solitario al lograr 26 diputados, dos más que todos los partidos de la izquierda juntos. En el caso de Vox no hay lugar a dudas de cuál es su compromiso con el modelo lingüístico:

«Garantizar la libertad educativa y la enseñanza en español, y que sea la lengua vehicular en todas las etapas educativas, eliminando toda normativa que atente contra la igualdad educativa como la Ley de Educación Balear y la Ley de Normalización Lingüística». Y junto a ello su promesa de que «el catalán dejará de ser un requisito en el acceso a plazas de profesorado y personal de la administración».