Entidades constitucionalistas acusan al Govern balear de «traición» por marginar el español en las aulas

Siete asociaciones defensoras del bilingüismo denuncian la «traición» del Govern de Prohens por incumplir sus promesas preelectorales y sus declaraciones institucionales previas a las últimas elecciones autonómicas para acabar con la marginación del español en la educación y con la imposición del catalán.

Las entidades son la asociación de profesores Plis, Sociedad Civil Balear, Foro Baleares, Sa Fundació Jaume III, Mos movem, Impulso Ciudadanos-Baleares y Escuela de Todos.

Estas entidades exigen al Govern de Prohens la modificación de la Ley de Educación de Baleares del Ejecutivo del pacto de izquierdas que presidía la socialista Francina Armengol para que el español, y no sólo el catalán, sea lengua vehicular en la enseñanza.

Las siete entidades hablan de la «traición de Prohens» basándose en la intervención del PP en el debate de la Ley de Educación celebrado en el Parlament balear en febrero de 2022. En esta sesión, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, se expresó así: «El Partido Socialista tendrá que explicar por qué no quiere que haya un mínimo de castellano, como lengua en la enseñanza de las Islas, por qué no quiere que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza; tendrá que explicar por qué hace seguidismo del modelo lingüístico de Cataluña contrario a la Constitución española y por qué no quiere cumplir las sentencias del Tribunal Supremo sobre el mínimo del 25% de horas en español en Cataluña».

El comunicado dirigido a la presidenta del Govern de las siete entidades antes mencionadas deriva de la negativa del PP a aceptar las enmiendas presentadas por Vox a la ley de simplificación administrativa referidas a la lengua y la educación, unas enmiendas en las que se eliminaba la exclusividad del catalán como lengua vehicular y establecían la vehicularidad de las dos lenguas oficiales.

Las entidades mencionadas sostienen que estas enmiendas «fueron aprobadas en el Parlament balear el 26 de noviembre de 2024 con los votos a favor del PP y de Vox». Añaden que ahora el PP ha dejado sin efecto las enmiendas previo acuerdo con las fuerzas de la oposición de izquierdas aduciendo que las había votado por error.

Para las siete entidades firmantes del comunicado, «el PP no cometió ningún error. La diputada encargada de ordenar el voto positivo a estas enmiendas en el pleno del 26 de noviembre fue Marga Durán, la misma que había realizado las declaraciones anteriormente citadas, por lo que no puede sostenerse que no sabía lo que decían esas enmiendas. Sabía perfectamente que esas enmiendas eran coherentes con lo declarado por ella misma en nombre de su partido: el catalán debe dejar de ser lengua única de enseñanza, compartiendo su condición de vehicular con el castellano».

Según han explicado en rueda de prensa los portavoces de Escuela de Todos, Plis y Sociedad Civil Balear (Julián Ruiz-Bravo, Olga Ballester y Bartomeu Berga), «si el PP ha decidido ahora no cambiar el artículo 135 de la Ley de Educación y dejar la inmersión obligatoria intacta, es simplemente por miedo a ser coherente con sus principios, a tener que incomodar a los nacionalistas del PSOE y Més y a los sindicatos independentistas, comprando el lema de la paz educativa, que es la paz de los muertos o, peor, la paz de la mafia: conmigo paz, sin mí guerra».

Los portavoces mencionados «hacen un llamamiento al Govern de Prohens para que sea coherente con sus principios y con los de sus votantes e inicie negociaciones para modificar el artículo 135 de la Ley de Educación balear para hacer constar, sin ambigüedades, que el catalán y el castellano serán lenguas vehiculares de enseñanza».

Ayudas a entidades independentistas

Por otra parte, las mismas asociaciones firmantes del comunicado denuncian que se concedan subvenciones nominativas y subvenciones por proyectos «sólo a las asociaciones catalanistas e independentistas que defienden la inmersión obligatoria en catalán y el uso exclusivo del catalán en la administración», en una clara referencia a la OCB y la Plataforma per la Llengua, entre otras.

«Consideramos que, si las asociaciones defensoras de la inmersión obligatoria y de la expulsión del castellano de la administración reciben y han recibido desde hace décadas cientos de miles de euros, con tanta o más razón deben recibirlas también las asociaciones que defienden enseñanza bilingüe, administración bilingüe y las modalidades lingüísticas baleares», dice el comunicado.

Y se añade: «Todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas e intentar convencer a la ciudadanía, en las mismas condiciones y con las mismas reglas. O se dan subvenciones a todas las asociaciones o se retiran a todas. Consideramos que seguir manteniendo las subvenciones nominativas y las subvenciones por proyectos a las entidades catalanistas e independentistas y no destinar un euro a las no catalanistas ni independentistas  es un fraude y nos atrevemos a decir que corrupción, pues se está favoreciendo con recursos públicos a una línea ideológica».