La edil de Podemos cesada autorizó la Semana del Orgullo antes de que el alcalde Hila la destituyera

La concejal de Justicia Social, Feminismo y LGTBI de Podemos, Sonia Vivas, firmó ayer antes de ser cesada el decreto por el que autorizaba la Semana del Orgullo (Pride Week) que ha desatado la crisis política en la que está inmerso el actual gobierno del Ayuntamiento de Palma. Un decreto que OKBALEARES publica en exclusiva.

Un evento que iba a arrancar este sábado en el Parque de Sa Feixina y cuya cancelación anunció momentos después de forma unilateral el alcalde socialista José Hila sin dar más explicaciones al respecto y asegurando que aún no se había rubricado la autorización.

Sin embargo, Sonia Vivas ya había decretado la «autorización del Palma Pride Week 2022, que se declaró actividad de interés público municipal»,  a la empresa Ella Global Community, representada por Kristin Hansen, los días 18 y 26 de junio de 2022, desde las 10.00 horas hasta la una de la noche y del 19 al 24 y 26 de junio, desde las cinco de la tarde y hasta las diez de la noche.

Una semana festiva que se iba a desarrollar por primera vez en Palma y en la que estaba prevista la presencia de más de 2.000 personas pero que contaba con el rechazo de los independentistas de Més, que junto a PSOE y Podemos conforman el actual gobierno municipal, por la supuesta «mercantilización» del movimiento LGTBI que el Pride Week iba a suponer.

Tras anunciar la portavoz de esta formación, la concejala Neus Truyol, el boicot de su partido a esta iniciativa acusando a Podemos de «erosionar» el gobierno municipal, Vivas respondió con un contundente comunicado, exigiendo la dimisión de la concejala de Més al estar imputada por los vertidos de aguas fecales al mar y por haber perjudicado a vecinos y comerciantes con un «nefasto» Plan General.

Todo ello se saldó con el cese de Vivas por parte del alcalde y la cancelación del Pride Week que la concejala había autorizado. La empresa adjudicataria ya ha anunciado que denunciará al alcalde y a todos los responsables de la suspensión y que llegará «hasta el fondo del asunto en sede judicial, para pedir todas las responsabilidades oportunas». Entre otras razones, porque ya ha aportado hasta 100.000 euros para que toda la preparación del evento se realizara correctamente.