Detienen a 22 personas en Palma por falsedad documental y fraude a la hacienda pública
El principal investigado, un antiguo gestor, habría creado una empresa ficticia que dio de alta a más de 30 personas
Los trabajadores obtenían el cobro de alguna prestación por parte de las administraciones públicas o el permiso de residencia
Algunos empleados habrían aceptado matrimonios de conveniencia
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a 22 personas en Palma como presuntos autores de un delito de falsedad documental, contra la hacienda pública y la seguridad social.
El operativo policial se encuadra dentro de una investigación cuya primera fase se llevó a cabo a mediados del mes de noviembre en Palma, donde ya se detuvo a seis personas por un supuesto fraude a la hacienda pública y a la Seguridad Social, estafa, falsedad documental y favorecimiento a la inmigración irregular, recoge la agencia Europa Press.
El grupo IV de la Ucrif de la Policía Nacional, encargado de las pesquisas, prosiguió con las gestiones, ya que los agentes efectuaron una entrada y registro en el despacho de un antiguo gestor, uno de los principales investigados en la causa.
Como consecuencia del estudio documental, los agentes comprobaron que se había dado de alta a otra empresa que presentaba visos de ser ficticia y verificaron que estaba a nombre de una mujer con escasos recursos económicos y sin logística alguna para llevar a cabo el cometido empresarial. En dicha empresa se había dado de alta a más de 30 personas.
Supuestamente el principal investigado habría creado una empresa ficticia a nombre de una mujer sin recursos y quien en principio no tendría conocimiento de ello, con la finalidad de que todos los trabajadores, a cambio de una contraprestación económica, obtuvieran un beneficio como el cobro de alguna prestación por parte de las administraciones públicas o la obtención del permiso de residencia.
Matrimonios de conveniencia
Además, según la Policía Nacional, algunos de los trabajadores también habrían contraído matrimonio con ciudadanos de terceros países, para que éstos regularizaran su situación en España, utilizando para ello las altas ficticias en la empresa investigada. Los trabajadores habrían pagado al gestor entre 200 y 2.000 euros.
Al principal investigado le constan numerosos antecedentes policiales, algunos de ellos por hechos similares. De hecho, la Seguridad Social le había retirado el acceso al sistema RED que le habilitaba para dar de alta a los trabajadores en la Tesorería General de la Seguridad Social, por lo que utilizó a otra gestoría para que dieran de alta a los cinco trabajadores investigados.
Una vez obtenidos todos los indicios y pruebas, los agentes detuvieron a 22 personas como presuntos autores de un delito de falsedad documental, contra la hacienda pública y la Seguridad Social. Además se ha tomado declaración a la supuesta empleadora como presunta autora de un delito de favorecimiento a la inmigración ilegal.
La investigación continúa abierta ya que no descartan más detenciones.
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