Deslealtad clamorosa de la ministra Elma Saiz: visita Mallorca y el Govern de Prohens se entera por la prensa

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que el proceso extraordinario de regularización de migrantes «va como estaba previsto» y ha criticado al Govern por «poner trabas». A una semana de que acabe el proceso extraordinario y tras una reunión en Palma con las entidades colaboradoras en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en el archipiélago, la ministra no ha concretado cuántas personas se han acogido a la medida y ha avanzado que se hará el balance cuando concluya.

«Más allá de cifras, estamos hablando de la vida, de proyectos de vida de miles de personas que por fin van a salir de los márgenes, van a dejar de ser invisibles y van a tener derechos y obligaciones», ha indicado.

Ante el temor trasladado por algunas entidades a que un cambio de gobierno el próximo año revierta el decreto, la ministra ha contrapuesto el modelo del Gobierno central y algunas CCAA de ayudar a las entidades que colaboran en el proceso frente al de CCAA como Baleares que intentó paralizar el procedimiento por la vía judicial.

En esta línea, ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por referirse al proceso extraordinario de regularización como un mecanismo «de importación de pobreza».

El Govern ha denunciado públicamente lo que ha considerado una muestra de «deslealtad institucional» por parte del Gobierno de España después de haber conocido a través de los medios de comunicación la visita que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha realizado hoy a Mallorca para interesarse por el estado del proceso de regularización extraordinaria.

En un comunicado, el Ejecutivo autonómico ha asegurado que no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre esta visita, una situación que evidencia, a su parecer, «la falta de coordinación y de voluntad del Gobierno de España de escuchar a las comunidades autónomas y a las administraciones locales en una cuestión que afecta directamente a sus servicios públicos y a su capacidad de acogida».